Un nuevo y fuerte choque institucional se desató en el departamento de Antioquia tras los recientes anuncios presentados por la Delegación de Paz Urbana desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, arremetió con dureza y calificó como "indignantes" los supuestos avances del proceso de diálogo sociojurídico que el Gobierno del presidente Gustavo Petro adelanta con 23 cabecillas de las principales estructuras criminales y bandas al margen de la ley que delinquen en Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Para el mandatario departamental, el enfoque de estas mesas de negociación carece de total legitimidad. Rendón criticó de manera vehemente la postura del Ejecutivo central al sentarse a negociar condiciones con delincuentes que representan un peligro extremo para la seguridad. En su argumentación, el gobernador desestimó por completo que el compromiso de los grupos criminales de suspender la venta de sustancias como el 'tusi' sea un logro real para la sociedad; por el contrario, advirtió que esto constituye una aceptación explícita de sus actividades de narcotráfico.
“Qué indignación. Los criminales con los que negocia el presidente Petro en la cárcel de Itagüí anunciaron que dejarán de vender 'tusi' como una supuesta muestra de buena voluntad, en medio de la farsa de negociaciones que mantienen con el Gobierno nacional”, señaló el mandatario.
El gobernador centró su preocupación en los efectos devastadores que tiene la llamada cocaína rosada en la salud de la juventud antioqueña, señalando el drama silencioso que viven miles de hogares en la región debido al microtráfico en los barrios: “El 'tusi', el veneno que consumen los jóvenes, es altamente peligroso. Destruye a las familias y pone a sufrir a las madres, quienes ven perder a sus hijos en las drogas. Esto es lo que constituye el anuncio de la 'Paz Total'”.
Las dos visiones del anuncio
El reciente pronunciamiento de la mesa de diálogo urbano en Itagüí evidencia la profunda fractura ideológica y operativa que existe entre la Nación y el departamento de Antioquia respecto al manejo de la seguridad regional:
La postura de la Delegación del Gobierno nacional: Los delegados oficiales de la Casa de Nariño presentaron como una victoria temprana el cese de la distribución de estupefacientes sintéticos en sectores vulnerables de la capital antioqueña, tales como el Parque Bicentenario. Para el equipo negociador, este compromiso representa un alivio humanitario y un avance en la reducción del daño social en las comunas de Medellín.
La postura de la Gobernación de Antioquia: Para Andrés Julián Rendón, el anuncio es la ratificación de que las órdenes criminales se siguen emitiendo sin control desde los patios del centro penitenciario. El mandatario departamental sostuvo que la declaración de las bandas no es un gesto de paz, sino la confesión abierta de un delito transnacional continuo.
Exigencia de traslados penitenciarios
A raíz de esta situación, el líder departamental exigió medidas drásticas e inmediatas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) contra los reclusos y cuestionó a los sectores políticos afines al oficialismo.
“Estos bandidos confiesan un delito, lo que comprueba que siguen delinquiendo desde los centros de reclusión y que mantienen el control de la venta de este veneno. Y el Gobierno central y sus senadores salen a celebrar. Por Dios, no hay nada que agradecer ni celebrar. Después de esta confesión, deberían trasladar a todos estos criminales a otras cárceles del país y quitarles de paso esa renta ilícita y mortal que está matando a nuestros jóvenes”, enfatizó Rendón.
Finalmente, el mandatario de los antioqueños cerró de manera tajante la puerta a cualquier salida negociada con la delincuencia común organizada, asegurando que la única vía institucional válida con estas estructuras armadas es el sometimiento estricto a la justicia ordinaria y el cumplimiento de penas intramurales efectivas.
Las claves de la noticia en tres preguntas
¿Por qué el gobernador de Antioquia califica los anuncios de la mesa de paz como una "confesión"?
Porque, según Andrés Julián Rendón, el hecho de que los cabidillistas anuncien públicamente que dejarán de vender 'tusi' en el Parque Bicentenario de Medellín es la prueba reina de que siguen coordinando y controlando el negocio ilícito del microtráfico desde el interior de las cárceles.
¿Cuál es la crítica directa que hace el mandatario local a la metodología de la "Paz Total" del Gobierno?
El mandatario cuestiona que el presidente Petro y los senadores del Pacto Histórico "celebren" los supuestos gestos de buena voluntad de delincuentes que él considera sumamente peligrosos, legitimando a organizaciones que destruyen familias en lugar de aplicarles la fuerza de la ley.
¿Qué medidas urgentes solicitó el gobernador Rendón tras conocerse el balance de la delegación de paz?
Rendón exigió al Gobierno Nacional suspender los beneficios de la mesa de diálogo, trasladar de manera inmediata a los 23 cabecillas criminales a cárceles de otras regiones del país y desmantelar por completo las rentas ilícitas que siguen operando bajo su control.