La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, presentó un panorama preocupante sobre el crecimiento y expansión de los grupos criminales y estructuras armadas ilegales que delinquen en el departamento.
La mandataria insistió en que la única forma de frenar esta amenaza es mediante un trabajo articulado entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional, debido a que el fenómeno ha desbordado las capacidades territoriales.
"(...) Por ejemplo, 'Los Shottas' de Buenaventura no sólo están allá, se están expandiendo al país y a otros países, entonces, lo que debemos hacer es organizarnos en subregiones para ejecutar acciones conjuntas de inteligencia, que nos permitan tener corredores seguros compartidos", advirtió Toro, quien subrayó la necesidad de reforzar la presencia del Estado en el Pacífico vallecaucano.
De acuerdo con la mandataria, la situación de seguridad en la región tiene raíces profundas en problemáticas estructurales.
"La situación del Pacífico la conocemos, tiene que ver con cultivos ilícitos, actos de terrorismo y minería ilegal, todo eso en el Pacífico está exacerbado; en el Valle hay grupos que nos afectan como el frente 'Jaime Martínez' de alias 'Iván Mordisco'. Tenemos también bandas en Tuluá y en el norte del Valle, estamos haciendo todo lo que debemos hacer, pero si no tenemos corresponsabilidad del Gobierno Nacional difícilmente vamos a lograr salir de esta problemática tan grande", agregó.
Según el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, actualmente el departamento enfrenta la amenaza de 16 estructuras criminales: siete Grupos Armados Organizados (GAO), cuatro Grupos Delictivos Organizados (GDO) y cinco Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO). Estas estructuras, con incidencia en 31 municipios, han incrementado su presencia en un 36 % durante los últimos tres años,
"Hemos visto un crecimiento exponencial del Estado Mayor Central con frentes como la 'Jaime Martínez', 'Dagoberto Ramos', 'Adán Izquierdo' y la 'Yair Bermúdez'; pero también tenemos al Clan del Golfo y al ELN, es decir, enfrentamos una amenaza múltiple y nuestro principal objetivo es contener su expansión", explicó Londoño.
El funcionario advirtió que se trata de organizaciones que se alimentan del microtráfico, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico.
"Las entidades territoriales estamos asumiendo una tarea que corresponde a la Nación. Gracias a la Tasa de Seguridad podemos darle herramientas a la Fuerza Pública, pero necesitamos más respaldo, porque la amenaza se ha materializado en atentados terroristas y en el aumento de los hechos violentos", añadió.
Las cifras del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES) revelan que, entre 2024 y 2025 se han registrado 188 acciones armadas entre atentados, hostigamientos y enfrentamientos.
Además, el departamento mantiene 3.361 hectáreas de cultivos de coca, principalmente en Jamundí, Buenaventura y Bolívar.
Ante este panorama, la Gobernación del Valle, junto a la fuerza pública, lideran estrategias de microfocalización territorial, que buscan frenar el avance de las estructuras armadas en zonas críticas, pero piden que el Gobierno Nacional asuma la corresponsabilidad para frenar la situación.
Cifras en el Valle
Acciones armadas
Así está el panorama de atentados con explosivos, hostigamientos, enfrentamientos y actividades propagandísticas perpetradas por grupos armados ilegales:
- -2024: 121
- -2025: 67
Cultivos Ilícitos
Según la Gobernación del Valle, esta es la radiografía de cultivos ilícitos en el territorio:
-3.361,81 hectáreas con cultivos de coca hasta el registro de 2023
-1.795,34 hectáreas en Jamundí
-1.345,68 hectáreas en Buenaventura
-116,82 hectáreas en Bolívar
-58,87 hectáreas en Dagua
-45,10 hectáreas en Calima.