El Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó una serie de decisiones que confirman el giro de fondo en su política de paz y en los mecanismos de diálogo que venía manteniendo el expresidente Gustavo Petro, con dos de los principales grupos armados ilegales del país.
A través de tres resoluciones expedidas este 9 de septiembre, el Ejecutivo ordenó el cierre de una zona de ubicación temporal en el Valle del Guamuez y revocó las designaciones de los representantes oficiales que participaban en los espacios de conversación con el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, y con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Son decisiones que dejan sin efecto los esquemas administrativos que sostenían estos procesos y abren un nuevo escenario frente a las negociaciones y acercamientos con estas estructuras armadas.
Cierre de la zona de ubicación en el Valle del Guamuez
Una de las determinaciones está contenida en la Resolución 389 del 9 de septiembre de 2026, mediante la cual el Gobierno ordenó terminar la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
La medida entrará en vigencia el próximo 30 de septiembre, fecha para la cual, según el documento, se habrán cumplido las condiciones materiales establecidas en el acuerdo suscrito en diciembre de 2025.
El cierre no será simplemente administrativo. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá coordinar un Plan Interinstitucional de Cierre y Transición con entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, la resolución será comunicada a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que adopten las medidas judiciales que correspondan.
Y aquí hay una precisión importante: el Consejero de Paz no tendrá la facultad de decidir sobre la vigencia, levantamiento o ejecución de órdenes judiciales. Esos asuntos, según la resolución, corresponden exclusivamente a las autoridades competentes.
Revocan delegados del Gobierno ante el Clan del Golfo
La segunda decisión está relacionada con el Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, conocido como Clan del Golfo.
Mediante la Resolución 390, también fechada el 9 de septiembre, el Gobierno revocó la designación de los integrantes del equipo que representaba al Estado en el Espacio de Conversación Sociojurídico con esa organización armada.
La medida incluye al coordinador de los representantes del Gobierno, Álvaro Jiménez Millán, y a los ciudadanos María Gaitán Valencia, Armando Custodio Wouriyu, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez.
Con esta resolución queda derogada la Resolución 257 de julio de 2024, que había establecido esas designaciones.
En la práctica, el Gobierno deja sin sus representantes oficiales este espacio de conversación sociojurídica y modifica de manera sustancial el esquema que venía funcionando con el Clan del Golfo.
Revocatoria de toda la delegación ante el ELN
La tercera decisión tiene como protagonista al Ejército de Liberación Nacional.
La Resolución 391 de 2026 revoca el mandato de la delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN.
La decisión incluye a la jefa de la delegación gubernamental, Vera Grabe Loewenherz, y a los demás representantes que participaban en esta mesa, entre ellos María José Pizarro, Olga Lilia Silva, Iván Cepeda, Rodrigo Botero, Horacio Guerrero, Carlos Alberto Rosero, José Félix Lafaurie, Nigeria Rentería, Mabel Lorena Lara y María Jimena Duzán, entre otros.
El argumento expuesto por el Gobierno apunta a la falta de condiciones de confianza y de verificación de una verdadera voluntad de paz, en un contexto marcado por hechos de violencia y por la ofensiva armada del ELN en regiones como el Catatumbo.
Por eso, la decisión no se limita a cambiar algunos nombres. Lo que hace es revocar formalmente la delegación completa que representaba al Ejecutivo en esa mesa de negociación.
Un nuevo escenario para la política de paz
Las tres resoluciones, 389, 390 y 391, fueron expedidas el mismo día y configuran un mensaje político y administrativo claro: el Gobierno decidió revisar de manera profunda los mecanismos que había utilizado para avanzar en sus acercamientos con estos grupos armados.
Por un lado, se ordena el cierre de una zona de ubicación temporal y se establece un proceso de transición institucional. Por otro, se retiran los representantes oficiales de los espacios de conversación con el Clan del Golfo y con el ELN.
El alcance de estas decisiones tendrá que medirse en los próximos días, especialmente frente a la situación de seguridad en los territorios donde tienen presencia estas estructuras y frente a la posibilidad de que el Gobierno establezca nuevos mecanismos de interlocución.
Por ahora, lo concreto es que las delegaciones que estaban formalmente designadas para estos procesos quedan revocadas y que el esquema de ubicación temporal del Valle del Guamuez tiene fecha de cierre: el 30 de septiembre de 2026.
Se trata, en suma, de una de las mayores revisiones administrativas de los procesos de paz y conversaciones sociojurídicas del Gobierno en lo que va de este periodo.