La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Alexandra Falla Zerrate, denunció graves fallas en la ejecución del proyecto Centros PotencIA al revelar que, tras girarse $234.399 millones de pesos, no ha entrado en funcionamiento ningún centro en el país.
La iniciativa, pensada para acercar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías a las regiones, contemplaba inicialmente 75 centros en 26 departamentos para beneficiar a más de siete millones de personas, meta que luego se reajustó a 60 municipios. Sin embargo, 19 meses después de la firma del contrato con Findeter en septiembre de 2024 y con el 100 % de los recursos transferidos a una fiduciaria, la ejecución es nula.
Obras sin empezar
De acuerdo con la revisión de informes y documentos del sector por parte del ministerio, no hay centros operando y las obras no han empezado formalmente, a pesar de que varias alcaldías adelantaron adecuaciones en sus terrenos, demolieron edificaciones, tramitaron licencias y realizaron otras intervenciones para recibir la infraestructura prometida.
En el marco del seguimiento estricto que la Contraloría General de la República adelanta desde enero de 2026, el ente fiscalizador identificó que el avance físico de la obra es de apenas el 2,09 %, registrando una parálisis total desde noviembre de 2025. El organismo advirtió además debilidades en la planeación y estructuración contractual, deficiencias en la viabilización de predios y riesgos sobre la eficiencia del gasto público por la permanencia prolongada de los fondos en la fiducia.
¿Iniciativa engañosa?
Frente a esta parálisis, la ministra Alexandra Falla enfatizó que la situación trasciende un retraso administrativo, criticando que se usaran las expectativas de los municipios mientras el dinero permanecía inactivo en el sector financiero y la brecha digital continuaba en aumento.
"Aquí no se puede hablar de un retraso o de problemas en la ejecución. Se trata de una promesa, un compromiso que se adquirió con 60 municipios, y se quedó en una simple foto. Dejaron la plata de los Centros PotencIA dormida en un banco, mientras los municipios y las personas esperaban. Eso es imperdonable, pues los recursos públicos, la plata que es de todos, es sagrada", afirmó la ministra TIC, Alexandra Falla.
Ante está falta de cumplimiento el presidente Abelardo De La Espriella, exigió la devolución de los $234.399 millones girados para el proyecto, con el fin de proteger los recursos públicos y establecer las responsabilidades correspondientes.
Puntos clave de la denuncia sobre los Centros PotencIA
- Giro total del presupuesto sin obras en servicio El Ministerio de las TIC denunció que el proyecto Centros PotencIA, destinado a capacitar en inteligencia artificial a más de siete millones de personas en 26 departamentos, no cuenta con un solo centro operando. Pese a que en septiembre de 2024 se suscribió el contrato con Findeter y se giró el 100 % de los recursos ($234.399 millones) a una fiduciaria, transcurridos 19 meses la parálisis es casi absoluta.
- Avances mínimos y parálisis contractual Informes de la Contraloría General de la República señalan que el proyecto presenta un avance físico de apenas el 2,09 % y se encuentra totalmente suspendido desde noviembre de 2025. El ente de control advirtió sobre serias deficiencias en la estructuración contractual, errores en la viabilización de predios y un uso ineficiente de los recursos públicos al mantenerlos congelados en el sistema financiero.
- Afectación a los gobiernos locales y a las comunidades Decenas de alcaldías municipales realizaron inversiones locales, licencias de construcción y demoliciones de predios para alistar la llegada de los centros prometidos. La ministra Alexandra Falla criticó la gestión del proyecto, señalando que la falta de ejecución profundizó la brecha digital en los municipios que esperaban aulas con equipos informáticos y herramientas de realidad virtual.
- Orden de devolución del presupuesto Siguiendo las instrucciones del presidente Abelardo De La Espriella, la ministra TIC exigió la devolución inmediata de los $234.399 millones asignados al contrato. La medida busca recuperar los fondos estatales y abrir los procesos correspondientes para establecer responsabilidades administrativas e institucionales.