El denominado 'Pacto de Valledupar' sigue generando reacciones en el país debido a las declaraciones que se han conocido alrededor del caso. Las revelaciones y acusaciones sobre este escándalo político salieron a la luz tras las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
La controversia gira en torno a las reuniones que se llevaron a cabo entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 en Valledupar, entre funcionarios del entonces gobierno de Gustavo Petro y exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Durante esos encuentros, presuntamente se les pidió a los antiguos comandantes declarar contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, según las versiones divulgadas por Rodríguez y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Las denuncias también involucran al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, y a Víctor de Currea-Lugo, quien se desempeñaba como asesor presidencial para Oriente Medio.
¿Qué es el Pacto de Valledupar y qué buscaba el Gobierno con los exjefes paramilitares?
El Pacto de Valledupar es el nombre con el que se conocen las reuniones realizadas entre el 22 y el 24 de octubre de 2025 entre funcionarios del Gobierno nacional y antiguos comandantes de las AUC. El encuentro tenía como propósito declarado avanzar en el cierre del proceso de paz de Ralito, un acuerdo suscrito en 2003 entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y esa organización paramilitar.
El proceso de Ralito dio paso a la desmovilización de integrantes de las AUC. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro consideraba que todavía había asuntos pendientes relacionados con el cumplimiento de los compromisos, la entrega de bienes, la reparación a las víctimas y el esclarecimiento de información sobre el paramilitarismo.
De esa manera, el 21 de septiembre de 2025, Petro firmó la Resolución 327, mediante la cual designó gestores de paz a antiguos integrantes de las AUC y estableció una instancia técnica para avanzar en el cierre de la mesa de diálogo.
Entre las personas designadas se encontraban Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, conocido como 'Don Berna'; Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'; Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40', y otros antiguos comandantes de las autodefensas.
La resolución estableció que los gestores de paz contribuirían a actividades de construcción de paz, garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y acercamientos con actores armados ilegales. La designación tendría una duración de seis meses, hasta agosto de 2026.
El documento también precisó que el reconocimiento como gestores de paz no modificaba la situación jurídica de los designados, las medidas de aseguramiento vigentes ni su régimen de libertad. Tampoco implicaba beneficios judiciales.
La resolución creó el Comité Técnico para el Cierre de la Mesa Técnica de Diálogo Social con exmiembros de las AUC. En su composición estaban el ministro del Interior o su delegado, la directora del Dapre, el alto consejero para la Paz, Otty Patiño, y los gestores de paz.
Entre las funciones de la instancia se encontraba elaborar un balance de los avances y resultados del proceso, con información sobre el cumplimiento de compromisos, la reparación, la entrega de bienes, los aportes a la verdad y las garantías de seguridad y no repetición.
Angie Rodríguez, como directora del Dapre, tenía responsabilidades en esa estructura de coordinación. No obstante, la exfuncionaria afirmó que, días después de la firma de la resolución, Petro le habría pedido que los antiguos comandantes hablaran sobre la presunta participación de Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras en hechos relacionados con el paramilitarismo.
Rodríguez sostuvo que inicialmente creyó que el objetivo era concluir el proceso de Ralito, pero después consideró que la finalidad de las reuniones era otra. De acuerdo con su relato, los exjefes paramilitares se negaron a atender la solicitud.
La controversia radica en determinar si las reuniones se utilizaron exclusivamente para avanzar en los compromisos pendientes del proceso de paz o si, como denuncian Rodríguez y Mancuso, durante los encuentros se intentó obtener declaraciones contra dirigentes políticos en el contexto de la campaña presidencial.
¿Qué decía el documento que el Gobierno presentó a los exparamilitares sobre la reforma a la justicia?
Uno de los puntos centrales de las reuniones fue la propuesta relacionada con la reforma a la justicia que se proyectaba durante el Gobierno Petro. El documento presentado por el Ejecutivo a los exjefes paramilitares contemplaba su participación en las discusiones sobre esta iniciativa y, según la información conocida sobre esa propuesta, les ofrecía la posibilidad de aparecer como coautores de la reforma. Este planteamiento formaba parte de los asuntos puestos sobre la mesa durante los encuentros relacionados con el cierre del proceso de Ralito.
Sin embargo, el documento presentado a los antiguos comandantes no fue el mismo que terminó firmado y divulgado públicamente por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) el 24 de octubre de 2025. En la declaración oficial, el apartado sobre el compromiso con la paz señala que las AUC podrían interactuar con las personas encargadas de los proyectos de ley relacionados con la reforma a la justicia, como parte de su contribución a la construcción de paz.
La diferencia entre ambos documentos cobra relevancia por las denuncias que se conocieron posteriormente. En la declaración publicada por el Dapre no quedó consignada la supuesta solicitud para que los exjefes paramilitares declararan contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, una petición que Angie Rodríguez denunció y que Salvatore Mancuso respaldó en sus declaraciones públicas.
¿Quiénes son los políticos que habrían sido señalados en el Pacto de Valledupar?
Las denuncias mencionan a Álvaro Uribe Vélez, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Según lo dicho por Rodríguez, Petro le habría indicado que los antiguos comandantes de las AUC debían hablar sobre la participación de esas tres figuras políticas en hechos relacionados con el paramilitarismo.
En declaraciones, la exdirectora del Dapre afirmó que el mandatario le dio instrucciones para comunicarles la solicitud a los exjefes paramilitares.
“Días antes del evento, Gustavo Petro me dijo: ‘Bueno, lo que necesito es que ellos (los exparamiliatres) hablen de la participación que tuvo Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras’”, relató Rodríguez.
La exfuncionaria también aseguró que Petro se molestó después de que los antiguos comandantes se negaran a formular las declaraciones que, según su versión, les habían solicitado.
Salvatore Mancuso respaldó parte de ese testimonio y afirmó que los excomandantes recibieron una petición para hablar públicamente contra los tres dirigentes. En un video divulgado el 19 de octubre de 2026, el exjefe paramilitar sostuvo que la solicitud buscaba “acusar a tres hombres para ganar una elección”.
Mancuso afirmó que ninguno de los participantes aceptó. Según su versión, el propósito inicial de la reunión era avanzar en el cierre del proceso de Ralito, cuya realización había acordado con Petro aproximadamente un año antes, durante un encuentro en Montería.
Juan Carlos Villamizar, asesor de Mancuso, también señaló que durante las reuniones se habría planteado que los excomandantes entregaran declaraciones sobre los tres políticos. El abogado sostuvo que el encuentro se había preparado para discutir una propuesta técnica relacionada con el proceso de paz, pero que el tema cambió una vez comenzaron las conversaciones.
De acuerdo con los testimonios divulgados, varios asistentes rechazaron la solicitud y se retiraron. Entre los once participantes mencionados en los reportes periodísticos estaban Mancuso y los antiguos comandantes conocidos como 'Macaco', 'Jorge 40' y 'el Alemán'.
Las denuncias no establecen que los tres dirigentes mencionados hayan cometido delitos ni demuestran que las declaraciones que supuestamente se buscaban obtener tuvieran sustento. La investigación deberá establecer el alcance de las solicitudes y si existió una finalidad electoral.
¿Por qué la Comisión de Acusaciones de la Cámara investigará a Gustavo Petro?
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes recibió copias del expediente relacionado con el Pacto de Valledupar después de que la Fiscalía General de la Nación abriera una noticia criminal el 31 de agosto de 2026.
La Fiscalía inició la actuación en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para examinar el supuesto acuerdo con exjefes paramilitares con el propósito de obtener declaraciones contra figuras políticas de cara a las elecciones presidenciales.
Ese mismo día, el ente acusador remitió copias a la Comisión de Acusación para que establezca si el expresidente Gustavo Petro incurrió en alguna conducta delictiva relacionada con los hechos denunciados.
La remisión del expediente no constituye una declaración de responsabilidad penal. La actuación busca establecer qué ocurrió durante las reuniones, qué instrucciones se impartieron y si existieron conductas que puedan tener consecuencias judiciales.
La controversia también dio lugar a una investigación disciplinaria de la Procuraduría contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez, por la presunta instrumentalización de los exparamilitares con fines electorales.
Las dos actuaciones tienen alcances distintos. Mientras la Comisión de Acusación debe examinar los hechos relacionados con Petro dentro de sus competencias, la Procuraduría busca determinar si los funcionarios investigados incurrieron en faltas disciplinarias.
El caso generó pronunciamientos de diferentes sectores políticos. La exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó a través de X la posibilidad de que se hubieran utilizado recursos estatales para desacreditar a dirigentes de la oposición.
Clemencia Vargas, hija de Germán Vargas Lleras también pidió a la Fiscalía y a las autoridades estadounidenses que investigaran las versiones sobre las reuniones, ya que afectarían la imagen del exvicepresidente.
Uno de los elementos centrales será establecer si existen registros de las conversaciones, actas, comunicaciones u otros documentos que permitan contrastar las versiones de Rodríguez, Mancuso y Villamizar con la respuesta de Petro.
El expresidente negó haber ordenado presiones y solicitó que se conozcan los soportes del encuentro. Por ello, las conclusiones sobre su eventual responsabilidad dependerán del resultado de las actuaciones judiciales.
¿Qué dijo Salvatore Mancuso sobre el supuesto acuerdo entre el Gobierno y los exjefes paramilitares?
Salvatore Mancuso, en un video publicado en su perfil de X, dijo que durante las reuniones de Valledupar se les pidió a los antiguos comandantes de las AUC declarar contra Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras.
Mancuso afirmó que los excomandantes no aceptaron la propuesta. También manifestó que el compromiso con las víctimas y con el proceso de Ralito no debía quedar subordinado a intereses políticos.
Sin embargo, el exjefe paramilitar hizo una precisión sobre la participación directa de Petro. Dijo que el expresidente nunca le pidió personalmente que acusara a los tres dirigentes y sostuvo que Rodríguez, su asesor y el propio mandatario debían responder ante la justicia por lo ocurrido.
El excomandante también señaló que estaba dispuesto a declarar ante la Fiscalía si era citado. Según su versión, después de que los participantes rechazaran la petición, la mesa de Ralito dejó de convocarse.
Mancuso lamentó que se hubiera perdido la posibilidad de cerrar el proceso de paz con las AUC, que consideraba pendiente. Para él, las reuniones debían servir para avanzar en ese propósito y no para responder a intereses electorales.
Juan Carlos Villamizar, quien acompañó a Mancuso como asesor, entregó una versión coincidente sobre la existencia de la solicitud. En declaraciones a Caracol Radio, afirmó que la mesa se había convocado para discutir la reapertura del proceso de Ralito a partir de una propuesta técnica que había preparado con Rodríguez.
El abogado reconoció que el encuentro ocurrió, pero negó que se hubiera concretado un pacto. También sostuvo que Rodríguez y Víctor de Currea-Lugo habrían planteado que los antiguos comandantes hicieran públicas sus versiones sobre las tres figuras políticas.
¿Qué papel habrían tenido Angie Rodríguez y Armando Benedetti en el Pacto de Valledupar?
Angie Rodríguez, como directora del Dapre, tenía un papel formal en la estructura creada para coordinar el cierre del proceso de Ralito. La Resolución 327 de septiembre de 2025 estableció una instancia técnica en la que participaba la entonces funcionaria.
Rodríguez aseguró que Petro le pidió organizar las gestiones para reunir a los antiguos comandantes de las AUC y solicitarles declaraciones contra Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras. Según su testimonio, la instrucción se produjo días después de la firma de la resolución que designó gestores de paz a los exintegrantes de esa organización.
La exdirectora sostuvo que inicialmente entendió que el propósito era avanzar en el cierre de Ralito, pero después concluyó que la finalidad era obtener pronunciamientos contra los tres dirigentes. También afirmó que el mandatario se molestó cuando los exparamilitares se negaron a hacerlo.
Por su parte, Armando Benedetti, entonces ministro del Interior, fue mencionado por Rodríguez como uno de los funcionarios que le habría ordenado organizar el encuentro. Benedetti llegó el último día de las reuniones y habría planteado que los antiguos comandantes señalaran a las tres figuras políticas.
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Benedetti y Rodríguez por la presunta instrumentalización de los exparamilitares con fines electorales. El proceso deberá determinar si las actuaciones de los funcionarios constituyeron faltas disciplinarias y cuál habría sido su participación.
Rodríguez volvió a pronunciarse sobre el caso el 21 de octubre de 2026. En un comunicado, afirmó que decidió hacer públicas sus denuncias porque temía que intentaran desacreditarla mediante señalamientos y acusaciones.
“Yo viví lo que considero trampas e intentos de desprestigiarme, pero no me arrepiento de haber denunciado”, sostuvo la exdirectora del Dapre.