Mientras el presidente Gustavo Petro vuelve a advertir sobre un supuesto fraude electoral en 2026, un documento judicial oficial plantea otra versión de los hechos.
No se trata de un rumor ni de una filtración: es una respuesta formal incluida en un expediente judicial, presentada por la propia Presidencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Falta de pruebas en la defensa presidencial
En noviembre de 2025, durante una acción popular tramitada ante la Sección Primera, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, el Gobierno tuvo la oportunidad de demostrar, con pruebas, que las advertencias del presidente contaban con sustento técnico.
Sin embargo, la defensa, presentada por Milton Alexander Dionisio Aguirre, asesor jurídico de la Presidencia, mediante el oficio OFI25-00221256, dejó claro que lo expresado por el mandatario no constituía información objetiva, sino opiniones.
Según el escrito, las afirmaciones sobre el software, los kits electorales, los contratos y las empresas proveedoras no contaban con respaldo de auditorías, peritajes ni investigaciones oficiales, y cuando el demandante solicitó dichas pruebas, estas no aparecieron.
Ese proceso contó con la participación de un grupo de abogados expertos en litigio estratégico, con el acompañamiento de la Fundación DILO. Durante el último año del mandato de Petro, esta red ha activado controles judiciales sobre varias iniciativas públicas, especialmente en áreas sensibles como transparencia y confianza institucional.
Doble discurso entre tribunales y opinión pública
El objetivo de estas acciones ha sido claro: trasladar ante los jueces lo que se dice en la plaza pública y obligar a que se pruebe. No obstante, en este caso no se presentaron pruebas.
Lo que llama la atención es el doble discurso. Ante los jueces, se defiende la libertad de expresión; ante la opinión pública, se alerta sobre un fraude electoral. Son dos relatos distintos para un mismo mensaje.
En el expediente, la Presidencia citó jurisprudencia que establece que, cuando un mandatario se expresa como opinador, no está obligado a demostrar nada. Sin embargo, cuando habla como autoridad, sí debe respaldar sus afirmaciones.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿en qué calidad se encuentra hablando hoy el presidente?
Cuando se siembra la duda sobre las elecciones, no se trata de acumular likes; se trata de proteger la estabilidad democrática.