La Superintendencia de la Economía Solidaria salió al paso de las versiones que han circulado en torno al caso de la Asociación Mutual ASOMUFFAA y explicó en detalle las actuaciones adelantadas desde que se detectaron irregularidades en las inversiones hechas a esta organización. Según la entidad, el proceso se mantiene como prioritario ante la Fiscalía General de la Nación.
La respuesta se dio luego de unas críticas que lanzó la representante Jennifer Pedraza en el Congreso, diciendo que los ahorros de toda la vida de muchas personas tenían en esa entidad, se perdieron de la noche a la mañana.
“Se perdieron cerca de 168.000 millones de pesos de los ahorros de 4.800 familias. Esta mutual captaba los ahorros de las familias de manera legal y que tenía vigilancia de la Supersolidaria y que tenía tasas competitivas. En el 2023, la Superintendencia de Economía Solidaria identificó irregularidades administrativas y financieras y ordenó la intervención forzosa (…) lo que terminó pasando es que en marzo de 2025, las familias perdieron sus ahorros y no han tenido respuesta de la Superintendencia”, sostuvo la congresista.
Respuesta de la superintendente María José Navarro
Ante esto, la SuperSolidaria emitió un comunicado diciendo que desde el inicio se desplegó una intervención “progresiva, técnica y documentada”, tras identificar señales de riesgo en la operación de la mutual. Además, asegura que a comienzos de 2024, la entidad realizó un diagnóstico integral de carácter financiero, jurídico y operativo que permitió establecer un seguimiento permanente sobre la organización.
“Desde la identificación de las primeras señales de riesgo, la entidad actuó de manera progresiva, técnica y documentada”, señaló la superintendente, María José Navarro.
El informe detalla que en junio de 2024 se activaron alertas tempranas luego de evidenciar un crecimiento de inversiones que superaban los 100.000 millones de pesos, situación que llevó a la Superintendencia a solicitar explicaciones a la revisoría fiscal. Posteriormente, en septiembre del mismo año, se emitieron nuevos requerimientos para esclarecer la estructura y condiciones de dichas operaciones.
La entidad explicó que ante la persistencia de los riesgos, entre el 1 y el 17 de octubre de 2024 se llevó a cabo una segunda visita de inspección. En esta etapa, la entidad encontró dificultades para verificar las inversiones reportadas, así como una alta concentración de recursos, problemas de liquidez para responder a los asociados e indicios de posibles irregularidades.
Con base en estos hallazgos, el 22 de octubre de 2024 se ordenó la suspensión de la captación de recursos. Más adelante, el 25 de noviembre, la medida fue ratificada, se exigió un plan de retorno de capital y se suspendieron los rendimientos, buscando proteger el patrimonio de los asociados.
“Estas decisiones fueron adoptadas dentro del marco legal, de manera técnica, continua y oportuna, conforme a la información disponible en cada etapa del proceso”, indicó la superintendente Navarro.
El comunicado también señala que, tras identificar posibles implicaciones penales y societarias, el 27 de diciembre de 2024 el expediente fue trasladado a la Fiscalía. Posteriormente, el 10 de abril de 2025, luego de una mesa conjunta para definir competencias, el caso fue remitido a la Superintendencia de Sociedades, que actualmente adelanta las actuaciones para determinar eventuales responsabilidades.
Finalmente, el Gobierno reiteró que todas las decisiones adoptadas han estado enmarcadas en la ley y orientadas a proteger el ahorro de los asociados, así como a mitigar riesgos mayores dentro del sistema de economía solidaria.