Colombia conoció por voz propia del presidente Gustavo Petro, que ordenó ataques específicos en contra de miembros del grupo disidente de las Farc que dirige alias 'Iván Mordisco', para impedir que sigan traficando cocaína a través del territorio nacional.
El mismo presidente confirmó la muerte de siete menores de edad en el más reciente bombardeo registrado en Guaviare, que dejó como resultado las bajas de varios miembros de este grupo armado ilegal que en menos de cuatro años logró consolidar una fuerza que hoy compite contra el ELN en diferentes espacios del país con el fin de dominar territorios.
Como consecuencia de esta acción armada por parte de las fuerzas del Estado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hará frente a los reclamos del congreso de la República, en donde ya se radicó una moción de censura en contra del militar en retiro que, según con la narrativa que ha dado a diversos medios de comunicación, el ataque se hizo con el fin de salvar a veinte uniformados que se encontraban cerca de los hombres de Mordisco. Según el ministro, el combate hubiera sido 7 contra 1, si hubiera habido un enfrentamiento entre hombres en tierra.
¿Pueden demandar a Petro por la muerte de menores de edad en los bombardeos?
Entre Medicina Legal, el Estado y la Defensoría del Pueblo, han contabilizado quince menores de edad asesinados en medio de combates entre el Ejército Nacional y disidencias de las Farc. Y aunque la representante Katherine Miranda abrió la posibilidad de demandar al presidente, lo cierto es que esto no lo hizo efectivo. Pero, ¿realmente es posible?
La FM consultó con una especialista en Derecho Internacional Humanitario. Laura Bonilla, Manager de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, indicó que las Fuerzas Armadas deben adaptarse a las nuevas fuerzas disidentes y trabajar de una manera distinta para debilitarlas. "Las disidencias no tienen límites, como sí los tuvo las Farc o el ELN". Y es que apenas en cuatro años se organizaron en diversos puntos del país, "intentaron hacer control territorial de manera muy rápida".
Bonilla puso en duda las acciones que tomaron los hombres del Ejército por orden del presidente, afirmando que "si la ganancia militar es la muerte de 34 guerrilleros, por qué se bombardeó, teniendo en cuenta que los informes decían que había menores".
En cuanto a la demanda a nivel internacional, Bonilla indica que es realmente difícil demostrar que "Petro sabía de existencia de menores", por lo que no sería fácil llevar a cabo un acto penal en su contra. La especialista indicó que tendrá represalias políticas y reclamos éticos por su decisión.
Bombardeos en años preelectorales
Aunque no niega que el presidente Petro quiera mostrar resultados de cara a las no lejanas elecciones para Senado, y luego las presidenciales, Bonilla señaló que "es legítimo que Petro quiera demostrar fuerza, pero lo hace para demostrarle a Trump que puede combatir" a los grupos armados ilegales.
Comisión por omisión
La FM consultó con un abogado penal la posibilidad de que Gustavo Petro pueda ser demandado a nivel internacional por este suceso. De acuerdo con su criterio, la comisión por omisión puede tomarse en cuenta para este caso, dado que, teniendo en cuenta que existían informes que respaldaban las acciones, "el deber jurídico de actuar es, primero, rescatar a los menores de edad, principalmente aquellos que el DIH señala que por minoría de edad no son combatientes (los menores de quince años)".
Por lo anterior, la comisión por omisión radicaría en que, "aun sabiendo de la presencia de varios menores, actuaron, y no fungió por parte del Estado la protección".
Bonilla, ante el argumento del ministro Sánchez, que indica que el delito es el reclutamiento ilegal, afirma que toda la "responsabilidad de proteger a los mejores" es del Estado, y que si el reclutamiento se registra en el país, es porque existen "vulnerabilidades".