La Procuraduría General de la Nación participó en una reunión con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, en la que se analizó el creciente fenómeno de colombianos reclutados para participar en conflictos armados en el exterior.
El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial de expertos de la ONU al país, quienes adelantan una revisión sobre las dinámicas de reclutamiento, las condiciones en las que operan estas redes y su impacto en materia de derechos humanos.
Durante la reunión, el Ministerio Público planteó la necesidad de enfrentar esta problemática de manera articulada entre distintas entidades del Estado, ante los riesgos que representa para los ciudadanos colombianos y sus implicaciones a nivel internacional.
Reclutamiento en aumento
El análisis se da en medio de las advertencias del organismo internacional sobre el incremento en el reclutamiento de colombianos para participar en conflictos armados o en labores de seguridad en otros países.
La ONU estima que más de 10.000 colombianos han sido vinculados como mercenarios en diferentes guerras alrededor del mundo, como las de la República Democrática del Congo, Ucrania y Sudán.
“El fenómeno de ir al extranjero a combatir o a apoyar operaciones de seguridad va en aumento y plantea diversos retos a las autoridades”, señaló en rueda de prensa la presidenta del grupo, la sudafricana Michelle Small.
Según la ONU, muchos de los casos involucran a exintegrantes de la Fuerza Pública que son contactados a través de redes privadas o intermediarios, en ocasiones bajo condiciones poco claras o mediante ofertas engañosas.
La organización también ha advertido que esta situación podría estar relacionada con violaciones a los derechos humanos, así como con prácticas que podrían configurar delitos como trata de personas o explotación laboral.
Llamado a fortalecer controles y prevención
En este contexto, la Procuraduría insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia sobre estas actividades, así como de avanzar en estrategias de prevención que eviten el reclutamiento de ciudadanos colombianos para conflictos en el exterior.
El organismo de control también subrayó la importancia de que el Estado actúe de manera coordinada para enfrentar este fenómeno, teniendo en cuenta sus implicaciones en seguridad, política exterior y protección de los derechos de los colombianos.