Las Comisiones Primeras de Senado y Cámara iniciarán este miércoles la discusión de la nueva Ley de Sometimiento que radicó el Gobierno Nacional para garantizar al acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, ya sostuvo una reunión con los ponentes y demás integrantes de estas comisiones, con el objetivo de socializar el proyecto, resolver dudas y medir el ambiente que podría tener durante su trámite.
“Hay un ambiente que parece que es abierto al debate, a mirar esta ley, y han reconocido que elimina la fracasada paz total, tiene un enfoque claro en la víctima, todos los beneficios y descuentos punitivos deben estar ligados a un aporte absoluto, a reglas claras donde la víctima es el eje”, indicó Cancino.
Insistió en que al Gobierno de Abelardo De La Espriella “le importan las víctimas y esta ley se construyó con la víctima como el centro”.
Puntos principales de la Ley de Sometimiento
- Se plantea un tratamiento penal diferenciado para los integrantes de las organizaciones criminales que se acojan a la justicia, los cuales podrían acceder a rebajas de penas de hasta el 50% o 30% dependiendo si son cabecillas o delincuentes rasos.
- Los delincuentes que tengan mando dentro de estas estructuras, por más que colaboren con la justicia, tendrían que cumplir una sanción efectiva de privación de la libertad. Los beneficios como el cumplimiento especial de la pena o libertad condicional, sólo sería para los integrantes de la tropa. Dicha sanción sería mínimo de 10 años.
- No habrá negociación política con estos grupos y se propone que los diálogos con el Gobierno para coordinar el sometimiento a la justicia, solo podrá hacerse a través de abogados.
- No hay suspensión de órdenes de captura, ni de extradición para los integrantes de las organizaciones criminales y aquellos que ya hayan sido capturados antes de la vigencia de la ley, no podrán acogerse a sus beneficios.
Como se trata de la prórroga de la vigencia de la Ley 418 o de Orden Público, la iniciativa debe aprobarse en el Congreso antes del 5 de noviembre, fecha en la cual se dará por terminada oficialmente la política de paz total del Gobierno Petro.