El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que, de llegar a la presidencia, el exministro y exmagistrado Iván Velásquez Gómez, actualmente embajador de Colombia en Italia, lideraría un sistema nacional anticorrupción con la responsabilidad de dirigir, organizar y poner en marcha todo su funcionamiento. La propuesta, debatida en el programa Aquí y ahora de La FM, generó cuestionamientos entre expertos en derecho constitucional y miembros de la rama judicial sobre su compatibilidad con las instituciones ya existentes.
¿Por qué preocupa la propuesta de un sistema anticorrupción paralelo a la justicia colombiana?
El profesor de derecho constitucional de la Universidad de Madrid, Eloy García, señaló que la iniciativa refleja una confusión entre dos tipos de corrupción: la corrupción jurídica, que persiguen los tribunales, y la corrupción sociológica, que corresponde a un clima de degradación moral que afecta al conjunto de la sociedad. "Uno de los grandes problemas, no solamente de Colombia, pero especialmente de Colombia, es que para evitar males, hagamos una ley y creemos un organismo", advirtió García.
El constitucionalista indicó que crear nuevas estructuras burocráticas no resuelve el problema de fondo. "Al final el controlador del controlador no hace nada más que ganarse el sueldo", sostuvo. Para García, la solución pasa por un pacto nacional contra la corrupción que no sea únicamente de carácter penal, sino que aborde la dimensión ética y sociológica del fenómeno. Propuso, además, que dicho pacto involucre a todas las fuerzas políticas tras las elecciones.
García también llamó la atención sobre el caso de México como ejemplo de los riesgos de intervenir el poder judicial. "México, una de las cosas que ha hecho ha sido destrozar al poder judicial creando una instancia electiva", afirmó, para concluir que la salida es fortalecer a los jueces existentes y no crear nuevas instancias sin consenso de la sociedad.
¿Está funcionando la justicia en Colombia para combatir la corrupción?
El magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez, defendió el funcionamiento actual de los sistemas de control disponibles. "Estoy absolutamente convencido de que la justicia en Colombia está operando, de que los sistemas de control que hoy en día tenemos, desde lo disciplinario, desde lo penal y desde lo administrativo, le está mandando unas respuestas efectivas a la sociedad", afirmó.
Rodríguez recordó que la Corte Suprema de Justicia se pronunció en 2023 sobre una propuesta similar, reafirmando sus competencias. Indicó que cualquier reforma debería surgir del diálogo con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que reúne a presidentes de todas las cortes, a la Fiscalía General y a representantes de los empleados judiciales.
Por su parte, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Vaquero, destacó que Colombia cuenta con mecanismos que han demostrado eficacia, con diferencias entre el conteo y el escrutinio cercanas al 0,02% en las elecciones de Congreso. "Las instituciones en Colombia sí funcionan", señaló. No obstante, reconoció que la compra de votos ocurre antes de la jornada electoral y escapa al control institucional.
Los tres analistas coincidieron en que el respeto a la Constitución de 1991 debe ser el eje central de cualquier reforma institucional. García señaló que la Constitución colombiana diferencia al país frente a otros de la región, donde las cartas magnas "son una hoja de papel que no vale para nada". Rodríguez subrayó que los jueces están sometidos al artículo 230 constitucional y que "cualquier propuesta que se haga al respeto de los cauces constitucionales tiene que ser reconocida y respetada por todas las autoridades".