La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) defendió esta noche la transparencia en su gestión ante las críticas que se han conocido a propósito de las iniciativas que se estudian en el Congreso para acortar su mandato y reducir en más de $170 mil millones su presupuesto para el próximo año.
La entidad aseguró que siempre ha estado abierta al escrutinio público y su gestión ha sido transparente. Ha respondido oportunamente a los entes de control y a pesar de que se le han hecho siete auditorías de la Contraloría y se han elaborado 14 informes de la Procuraduría sobre su labor, nunca se han registrado hallazgos de corrupción.
En un comunicado, la entidad explicó uno a uno los viajes que algunos de sus magistrados han hecho al exterior, todos ellos justificados para favorecer la gestión de la entidad, entre ellos varias participaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hace seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC.
Sobre su sede en Bogotá, la JEP explicó que continúa trabajando en ella bajo un contrato de arrendamiento porque obtuvo concepto desfavorable para adquirir el edificio tanto en el Gobierno de Iván Duque como en el de Gustavo Petro. Negó que el edificio tenga un valor de $20.975 millones, como se ha asegurado, sino que tiene un valor de $288.538 millones.
Finalmente, la Jurisdicción aseguró que cumple rigurosamente las normas de transparencia y acceso a la información pública, así que la ciudadanía puede conocer sus actuaciones.