El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, propuso terminar la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028 y trasladar los procesos pendientes a otro operador judicial.
La iniciativa, que superó su primer debate en la Comisión Primera del Senado, busca modificar el funcionamiento de la justicia transicional y establecer un mecanismo para resolver la situación jurídica de los exintegrantes de las Farc y los miembros de la Fuerza Pública sometidos a esa jurisdicción.
En entrevista con el Noticiero de La FM de la mañana, Gómez explicó que el proyecto de acto legislativo contempla una transición para que los procesos continúen bajo la responsabilidad de otra instancia judicial, con reglas que deberá establecer el Congreso. Según el senador, la propuesta busca reducir los gastos de funcionamiento de la JEP y definir una ruta para los expedientes que todavía están pendientes de resolución.
El congresista cuestionó los resultados de la jurisdicción en materia de sanciones, reparación de las víctimas y cumplimiento de los objetivos del acuerdo de paz. Además, sostuvo que el país debe revisar los recursos destinados a esta entidad y evaluar alternativas para atender los casos que siguen en curso.
¿Qué propone Enrique Gómez para terminar la JEP en 2028?
El senador explicó que el proyecto plantea finalizar la vigencia de las salas de la JEP en marzo de 2028, en lugar de mantener su funcionamiento mediante una prórroga automática. Para desarrollar esa transición, la iniciativa incluye un artículo que permitiría continuar los procesos de justicia transicional bajo la responsabilidad de otro operador judicial.
Gómez mencionó a Justicia y Paz como una posible alternativa para asumir parte de los expedientes. Según indicó, esa jurisdicción cuenta con sedes, magistrados y jueces que podrían participar en la resolución de los casos pendientes.
El congresista defendió la posibilidad de utilizar esa estructura para atender la situación jurídica de los antiguos guerrilleros rasos y los militares que no tenían mando. A su juicio, estos procedimientos requieren mecanismos que permitan resolver los expedientes sin mantener los costos que atribuye a la JEP.
“Resolver la situación jurídica de personas a las cuales no van a condenar, no hay que gastar los magistrados de 81 millones de pesos”, afirmó durante la entrevista.
El senador también señaló que los casos relacionados con crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad necesitan un tratamiento específico cuando existan responsabilidades de los máximos responsables. Por esa razón, planteó diferenciar los procedimientos según las características de cada expediente.
La propuesta busca, según explicó, establecer un mecanismo que permita avanzar en los procesos pendientes y reducir la incertidumbre jurídica de las personas sometidas a la justicia transicional.
Gómez reconoció que el proyecto debe superar ocho debates legislativos y que todavía existen dificultades para conseguir los votos necesarios. Aunque la iniciativa superó su primera discusión en la Comisión Primera del Senado, el congresista manifestó que no tiene certeza de que logre avanzar más allá del segundo debate.
¿Por qué Enrique Gómez cuestiona el presupuesto y los resultados de la JEP?
Uno de los principales argumentos del senador se relaciona con los recursos destinados al funcionamiento de la jurisdicción. Durante la conversación, aseguró que la JEP acumula un costo de 4,2 billones de pesos y sostuvo que ese dinero podría destinarse a atender las necesidades de las víctimas del conflicto armado.
“Con el costo de la JEP, 4,2 billones a la fecha, pues hubieran podido atender 500.000 víctimas inscritas en el registro de víctimas de la Unidad de Víctimas”, afirmó Gómez.
El congresista cuestionó que los recursos destinados a la jurisdicción no se traduzcan, según su interpretación, en una respuesta suficiente para las personas afectadas por el conflicto. También explicó que las indemnizaciones no dependen exclusivamente del presupuesto de la JEP, sino del Presupuesto General de la Nación y de las entidades encargadas de gestionar esos pagos.
En relación con los aportes de las antiguas Farc para reparar a las víctimas, Gómez aseguró que la organización entregó 42.000 millones de pesos y manifestó que no tenía más recursos para responder por los daños causados.
El senador también puso en duda la capacidad de la jurisdicción para cumplir sus objetivos dentro de los plazos previstos. Durante la entrevista, mencionó 37 subcasos y seis resoluciones de conclusiones, cifras que utilizó para cuestionar el avance de los procedimientos judiciales.
A esas críticas sumó la estructura administrativa de la entidad. Gómez señaló que la JEP cuenta con 36 magistrados y que otros 38 magistrados disponen de tres magistrados auxiliares cada uno. A partir de esos datos, cuestionó la cantidad de cargos y los costos asociados al funcionamiento de la jurisdicción.
Otro de los puntos abordados fue el tratamiento de los casos de secuestro, reclutamiento de menores y explotación sexual atribuidos a las Farc. Gómez sostuvo que las denuncias sobre esos delitos existían antes de la creación de la JEP y rechazó que su conocimiento se presente como un resultado exclusivo de esa jurisdicción.
Asimismo, cuestionó las sanciones impuestas en los procesos de justicia transicional y afirmó que estas deben responder a la gravedad de los delitos y a las responsabilidades individuales establecidas judicialmente.
¿Qué pasaría con las víctimas si se aprueba el cierre de la JEP?
Durante la entrevista, uno de los periodistas preguntó si terminar la JEP podría poner en riesgo la reparación de las víctimas, dado que esa jurisdicción surgió como parte de los mecanismos previstos en el acuerdo de paz.
Gómez respondió que, en su opinión, los recursos destinados al funcionamiento de la entidad podrían utilizarse directamente para atender a las personas afectadas por el conflicto y fortalecer la justicia ordinaria.
El senador sostuvo que el acuerdo de paz no cumplió con los objetivos de verdad, reparación, garantías de no repetición y finalización de la guerra. También cuestionó el tratamiento judicial de los delitos atribuidos a las antiguas Farc y afirmó que algunas de las sanciones previstas no corresponden a la gravedad de los hechos.
Al referirse a las cifras sobre víctimas de secuestro y reclutamiento de menores, Gómez manifestó que la sociedad colombiana ya conocía esas conductas antes de que la JEP comenzara a desarrollar sus investigaciones. En ese contexto, insistió en que la jurisdicción no debe atribuirse el conocimiento de hechos que ya habían sido denunciados.
El congresista también cuestionó el enfoque de la justicia transicional frente al delito político. Según su interpretación, ese modelo contribuye a legitimar las actuaciones de las Farc cuando aborda sus acciones dentro del marco de los acuerdos de paz.
Frente al futuro de la iniciativa, Gómez afirmó que el trámite legislativo debe incluir la participación de las víctimas y de las autoridades judiciales. Además, señaló que su propuesta busca abrir una discusión nacional sobre los recursos destinados a la JEP, los resultados de sus procedimientos y las alternativas para resolver los expedientes pendientes.
El senador reconoció que el proyecto todavía debe superar los debates restantes y que su aprobación no está asegurada. También indicó que algunos partidos mantienen su respaldo a los acuerdos de La Habana, circunstancia que, según explicó, incidirá en las discusiones dentro del Congreso.
¿Cuándo terminaría la JEP según el proyecto de Enrique Gómez?
La iniciativa propone terminar la vigencia de las salas de la JEP en marzo de 2028. También contempla un mecanismo de transición para que los procesos pendientes continúen bajo la responsabilidad de otro operador judicial.
¿Qué entidad podría asumir los procesos de la JEP?
Gómez mencionó a Justicia y Paz como una posible alternativa para asumir parte de los expedientes. La propuesta plantea que el Congreso establezca las reglas necesarias para garantizar la continuidad de los procedimientos.
¿Qué falta para que se apruebe el proyecto?
El proyecto superó su primer debate en la Comisión Primera del Senado, pero todavía debe avanzar en las siguientes discusiones legislativas. Gómez reconoció que no tiene certeza de que la iniciativa consiga superar el segundo debate.