El expresidente Juan Manuel Santos le pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y a su gobierno que “retome el camino de la implementación” del Acuerdo de Paz que el Estado colombiano firmó con las extintas Farc. “No como un legado” de la administración del Nobel de Paz, sino “como una política de Estado”.
Santos se pronunció durante un congreso internacional que la Contraloría General de la República convocó para conmemorar el décimo aniversario de la firma del tratado, que trimestralmente analiza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su llamado fue “respetuoso, pero firme”.
La intervención también sirvió para responder a la propuesta del gobierno entrante de eliminar varias entidades del Estado para ahorrar unos diez mil millones de pesos anuales, según las cuentas que De la Espriella reveló en una especie de alocución el 13 de julio.
El debate sobre el legado del Acuerdo de Paz atraviesa la transición de gobierno
El presidente electo, quien en campaña planteó acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pero tras la elección moderó su propuesta —pero no sus críticas—, promete acabar la Consejería Comisionada de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. “No habrá más procesos de falda paz en mi gobierno”, dijo.
Santos, por su parte, descartó que el Acuerdo sea la causa de la inseguridad o de la expansión de los grupos armados, como el Clan del Golfo, el ELN o las disidencias de las Farc.
“Culpar al Acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad y, sobre todo, ignorar que lo que permite cerrar el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo”, manifestó el exmandatario.
El expresidente no fue el único en invitar a De la Espriella a seguir una senda de implementación y no de desmonte del Acuerdo. La defensora del pueblo, Iris Marín, calificó como una “obligación constitucional” que la administración del penalista, como es la tercera posterior a la firma, cumpla de buena fe con lo pactado.
La invitación a dialogar, clave en la implementación del Acuerdo
“Cualquier gobierno tiene la facultad de organizar sus equipos de trabajo y las instituciones como considere. Lo importante es que no haya regresividad, tanto en el cumplimiento del Acuerdo de Paz como en los objetivos relacionados con la protección de los derechos humanos”, zanjó la representante del Ministerio Público.
Alejandro Ramelli, el presidente de la JEP —la justicia transicional que creó el Acuerdo de Paz—, ha invitado al gobierno entrante a dialogar sobre el rol del tribunal en el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación. Pero hasta ahora el próximo Ejecutivo no ha respondido.
“Esa es la lógica de la Jurisdicción: de un diálogo constructivo, respetuoso, dentro del marco de nuestras competencias y de la autonomía judicial”, remachó el magistrado este martes.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué le pidió Juan Manuel Santos al presidente electo, Abelardo de la Espriella?
El expresidente instó al próximo gobierno a mantener la implementación del Acuerdo de Paz como una política de Estado y no como un legado de su administración. Aseguró que cumplir lo pactado es una obligación institucional y un requisito para consolidar la paz en Colombia.
¿Por qué surgió este nuevo debate sobre el Acuerdo de Paz?
La discusión se reactivó luego de que Abelardo de la Espriella anunciara que eliminará la Consejería Comisionada de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo, además de reiterar sus críticas a la JEP. El gobierno entrante sostiene que esas medidas buscan reducir el gasto público y cambiar la política de paz.
¿Qué respondió Santos a quienes responsabilizan al Acuerdo por la inseguridad?
El Nobel de Paz rechazó que el crecimiento del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc sea consecuencia del Acuerdo. Por el contrario, afirmó que el fortalecimiento de esos grupos obedece a la falta de implementación y advirtió que debilitar lo pactado solo agrava los problemas de seguridad.
¿Qué otras instituciones pidieron preservar la implementación del Acuerdo?
La defensora del pueblo, Iris Marín, recordó que cumplir el Acuerdo de Paz es una obligación constitucional para cualquier gobierno, mientras que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, invitó al Ejecutivo entrante a abrir un diálogo sobre el papel de la justicia transicional, sin que hasta ahora haya recibido respuesta.