Un juez colombiano admitió para estudio una acción de tutela interpuesta por el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela contra el presidente Gustavo Petro, tras una serie de declaraciones públicas del mandatario que, según la demanda, habrían afectado derechos fundamentales relacionados con la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la dignidad humana y el principio de laicidad del Estado colombiano.
La tutela fue presentada después del discurso pronunciado por Petro el pasado 27 de enero durante un acto oficial en el Hospital San Juan de Dios en Bogotá, en el cual el presidente hizo comentarios sobre la figura de Jesucristo y su relación con María Magdalena que generaron polémica en diversos sectores sociales y religiosos.
Contenido de las declaraciones y base de la demanda
En su intervención, Petro afirmó que “Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”, frase que circuló ampliamente en medios y redes sociales y que se convirtió en el eje central de la acción judicial.
La demanda de tutela sostiene que estas declaraciones no sólo se hicieron desde la voz de un ciudadano común, sino desde la investidura presidencial, lo que les confiere un carácter institucional, y por ello se considera que podrían haber vulnerado la libertad religiosa y de conciencia de creyentes que tienen en Jesucristo una figura central de fe.
El juez que admitió la tutela consideró que las expresiones hacen referencia directa a elementos del dogma cristiano y a la persona de Jesucristo, figura esencial para millones de creyentes en Colombia, lo que les otorga una sensibilidad especial.
Además, en la solicitud se insta al presidente a abstenerse de realizar declaraciones desde su cargo que impliquen interpretaciones teológicas o doctrinales, con el objetivo de preservar la neutralidad religiosa que exige la Constitución colombiana y el carácter laico del Estado.
¿Qué viene ahora?
Como parte de las medidas propuestas en la tutela, el presidente Petro podría verse obligado a realizar un acto público en el que precise que las expresiones cuestionadas no representan la posición oficial del Estado colombiano, así como reafirmar el respeto por la libertad religiosa, de conciencia y el principio de laicidad.
Con la admisión de la tutela, el proceso judicial entra en una nueva fase en la que se evaluará el alcance de las órdenes impartidas y su eventual cumplimiento por parte del presidente, así como su defensa jurídica ante el tribunal competente.
Este caso se suma al debate más amplio sobre los límites del discurso presidencial y el respeto a las convicciones religiosas de la ciudadanía, un tema que ha generado reacciones diversas en ámbitos políticos, sociales y eclesiásticos desde el discurso en el Hospital San Juan de Dios.