El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —la justicia transicional creada con el Acuerdo de Paz de 2016 para juzgar los crímenes de guerra de las antiguas Farc y la fuerza pública—, el magistrado Alejandro Ramelli, le envió una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, invitándolo a reunirse.
A lo largo de la campaña presidencial, De la Espriella propuso eliminar la JEP. Durante la transición, su ministro de Justicia, Iván Cancino, ha descartado la propuesta. En todo caso, el próximo inquilino de la Casa de Nariño no ha ocultado sus desacuerdos con el tratado que el Estado firmó con la otrora guerrilla más antigua del continente.
Por ejemplo, cuando Rodrigo Londoño, el último comandante de las Farc, estaba en España bajo un permiso excepcional de la Jurisdicción, el colomboestadounidense aseguró que el firmante de paz debía estar “preso de por vida”. Y propuso desmontar instancias como la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
La JEP busca abrir un canal de diálogo con el presidente electo
Ramelli busca dialogar sobre la JEP. El 25 de junio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio a De la Espriella su credencial de presidente electo, el primer acto del mandatario entrante fue reunirse con todas las altas cortes, menos la JEP. Ante las posibilidades de reformas o desfinanciación, el magistrado quiere actuar.
“Me permito extenderles una cordial invitación de carácter institucional, con el propósito de presentarles los resultados tangibles”, como sentencias o imputaciones, “e intangibles”, como los actos de reconciliación o la seguridad jurídica para los comparecientes, dice la misiva de Ramelli para el penalista.
La carta no solo se dirige a De la Espriella, sino también al vicepresidente José Manuel Restrepo, a quien el futuro jefe de Estado designó como coordinador del proceso de empalme. En Barranquilla, la ciudad que convirtió en una especie de cuartel general, el abogado ha sostenido encuentros con, por ejemplo, el procurador Gregorio Eljach.
Uno de los objetivos del eventual encuentro es conversar sobre “los principales retos” que enfrenta la JEP, en especial la financiación del cumplimiento de las dos primeras sentencias en la historia de la Jurisdicción: contra el último secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros y contra doce exmilitares por 135 ‘falsos positivos’.
La financiación y la continuidad de las sanciones, en el centro de la conversación
Los recursos para las sanciones propias —que, por ejemplo, para Rodrigo Londoño son de ocho años de desminado humanitario, restauración del medioambiente o búsqueda de desaparecidos— dependen del Ejecutivo, no de la JEP, con eventual apoyo y vigilancia de la cooperación internacional, que no es una fuente principal.
Actualmente, unas diecisiete mil personas comparecen ante la JEP, sumando exmilitares, firmantes de paz, agentes estatales y terceros civiles que participaron en el conflicto armado hasta 2016. Y unas quince mil víctimas se han acreditado para participar en los procesos contra los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Si se da la reunión entre el gobierno entrante y la justicia especial, “representaría una valiosa oportunidad para fortalecer el diálogo institucional y propiciar un intercambio de información que contribuya a la necesaria preservación de las instituciones” y a “una adecuada articulación entre las ramas del poder público”.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la JEP invitó a Abelardo de la Espriella a una reunión?
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, le propuso al mandatario electo un encuentro institucional para presentarle los resultados de la justicia transicional y dialogar sobre los principales retos que enfrenta el tribunal, en un contexto marcado por las críticas que De la Espriella ha expresado frente al Acuerdo de Paz.
¿Qué temas busca tratar la JEP con el gobierno entrante?
La Jurisdicción quiere exponer los avances en sus investigaciones y sentencias, así como abordar la financiación de las sanciones restaurativas impuestas a exintegrantes de las Farc y exmilitares. También pretende abrir un canal de diálogo sobre la articulación entre el Ejecutivo y la justicia transicional durante los próximos cuatro años.
¿Por qué la relación entre la JEP y De la Espriella genera expectativa?
Durante la campaña presidencial, De la Espriella propuso eliminar la JEP y ha cuestionado decisiones como un permiso de viaje a España concedido a Rodrigo Londoño. Aunque esa propuesta perdió fuerza durante el empalme y su futuro ministro de Justicia la descartó, el presidente electo mantiene reparos frente a varios componentes del Acuerdo de Paz.
¿Qué está en juego para la justicia transicional en el próximo gobierno?
La ejecución de las sanciones propias depende, en buena parte, del respaldo presupuestal y logístico del Ejecutivo. Por eso, la JEP considera clave establecer un diálogo con el nuevo gobierno para garantizar la continuidad de las medidas restaurativas, la atención a las víctimas y el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.