La representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte lleva 42 días presa. La congresista, elegida en dos períodos consecutivos por la circunscripción transitoria especial de paz (Citrep) de Arauca, permanece detenida en una guarnición militar en Malambo, en Atlántico, a casi 950 kilómetros de su natal Tame.
Mientras espera tras las rejas que la Corte Suprema de Justicia la llame a juicio por el entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuestiona el criterio de los conjueces que el alto tribunal llamó para definir su situación jurídica. La Sala Especial de Instrucción ordenó encarcelarla el 11 de marzo.
Andrés Garzón, el abogado de Manrique, radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una queja disciplinaria contra Jesús Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, los conjueces a los que acudió la Sala de Instrucción para desempatar la votación que dictó la medida de aseguramiento.
La sala que hace las veces de Fiscalía contra congresistas —aforados constitucionales— se reunió en tres sesiones antes de definir el rumbo de Manrique y otros tres congresistas, incluyendo al también representante Wadith Manzur, otro detenido. Manzur radicó una recusación contra el magistrado Héctor Alarcón.
Según Manrique y Garzón, los conjueces Fonseca y Rey no analizaron del todo el expediente de la UNGRD antes de votar en la tercera sesión. “En apenas cinco días, siendo materialmente imposible que analizaran la totalidad del acervo probatorio, emitieron votos positivos para que se profiriera una orden de captura”, dice la queja.
El proceso contra los congresistas tuvo 64 cuadernos de instrucción, dos sobre allanamientos, veinticuatro con interceptaciones recaudadas por más de un año, 55 testimonios, 82 diligencias y casi cien horas de audio. Los conjueces “decidieron de manera dolosa únicamente dar lectura a una ponencia”, sostiene Manrique.
La queja contra los conjueces y la batalla jurídica por sus votos
“Los conjueces basaron su criterio jurídico en el análisis probatorio que reposaba en una ponencia que solicitaba la imposición de una medida de aseguramiento, rompiendo así los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia que les asistía”, insiste el documento, de once páginas, que La FM conoció.
Gloria Arizabaleta, la presidenta de la Comisión de Acusación, tendrá que sortear el recurso y asignarlo a uno de los miembros de la desordenada célula legislativa. Karen Manrique y Andrés Garzón, además, presentaron una recusación contra los togados designados, que incluye una nulidad del auto que ordenó su captura.
“El estudio del expediente en ningún momento se dio”, protesta Manrique en la recusación, de diecisiete páginas. “Era materialmente imposible que en solo cinco días los conjueces designados estudiaran 64 cuadernos de instrucción” con los centenares de materiales probatorios en medio del debate.
Para la congresista, Jesús Rey y Javier Fonseca necesitaban invertirle al expediente ocho horas diarias por 125 días para honrar su juramento y cumplir “mínimamente” su labor. Cada hora, asevera la araucana, debían leer “1875 páginas”. “Y resulta que en menos de cinco días profirieron la decisión”, espeta.
Wadith Manzur no se quedó atrás. El representante conservador, elegido el 8 de marzo para saltar al Senado, alega falta de garantías, principalmente de parte de un magistrado titular: Héctor Javier Alarcón Granobles. El cordobés, también preso por más de cuarenta días, pide hacer al togado a un lado por cambiar su voto.
El caso de Wadith Manzur y el cambio de postura en la Corte Suprema
La base del reproche de Manzur es que en julio de 2025 la Corte había decidido no detener a Manrique, Manzur, los tres congresistas y el excongresista acusados. Alarcón respaldó esa postura, así que, según el senador electo y su abogado, Luis Carlos Torregrosa, el magistrado debió confirmarla “consecuentemente”.
Según la aclaración de voto de Héctor Alarcón en el auto que ordena la medida de aseguramiento, su cambio se debe a que Manzur podría ser un peligro para la comunidad. La Corte ordenó allanar el domicilio de la asesora del Ministerio de Hacienda Andrea Ramírez, y advirtió de clientelismo entre el Gobierno y el Congreso.
La “inferencia” de que Manzur podría ser responsable de corrupción “encuentra sustento, entre otros elementos, en los resultados” del allanamiento, “cuyos hallazgos permiten advertir la posible existencia de relaciones de carácter clientelar entre actores del Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República”.
Pero, según la defensa de Manzur, en el registro no hubo nada que vinculara al representante, quien mientras está preso en la Escuela de Carabineros de la Policía renunció a la Comisión de Acusación de la Cámara. “Los nombres consignados en dicho manuscrito corresponden a otras personas”, se lee en la recusación.
“Si el documento registra a quienes supuestamente integran una red de relaciones clientelares entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso, y el suscrito no figura en él, la conclusión lógica y garantista era precisamente la contraria a la que adoptó el honorable magistrado recusado”, añade el oficio, de catorce páginas.
La votación dividida que terminó en una medida de aseguramiento
El 11 de marzo, la Corte Suprema de Justicia decidió enviar a prisión a los congresistas reelectos Wadith Manzur y Karen Manrique, por el escándalo de corrupción en Gestión del Riesgo. El alto tribunal los señala, junto a otros tres congresistas y un excongresista, como sospechosos de cohecho impropio.
Seis días atrás, solo dos magisrados estaban de acuerdo con llamarlos a juicio y enviarlos a prisión. Uno más prefería acusarlos sin detenerlos y una se inclinaba por que el proceso siguiera únicamente contra dos involucrados. Los cuatro procesados y las dos procesadas habrían torcido contratos a cambio de votos.
La Sala Especial de Instrucción, sin pretensiones de armonía, acumuló tres sesiones extraordinarias sin decidir si llevaba al banquillo a los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, una célula de seis congresistas que aprueban los créditos internacionales que el Gobierno solicita.
Cada jornada se concentró en una ponencia del magistrado Misael Rodríguez. El togado le imprimió algo de celeridad al curso del expediente una vez Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, se comprometieron a delatar a quienes movieron sobornos y convenios.
La Comisión Interparlamentaria tiene, por norma, tres senadores y tres representantes que hacen parte de las comisiones económicas. El escándalo de la UNGRD paralizó su funcionamiento, principalmente cuando renunciaron Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, de la Circunscripción de Paz de Arauca.
Manzur y Manrique fueron reelectos. El cordobés saltó al Senado el 8 de marzo con la segunda mayor votación de los conservadores. Aun preso, quiere posesionarse. Manrique, por su parte, repitió su curul de paz. Las campañas observaron los ecos de la Sala, que acusó también a Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar y Julián Peinado, y al excongresista Juan Diego Muñoz.
El entramado de la UNGRD y los congresistas implicados
Gallo es un senador liberal; Bitar, una senadora conservadora; Peinado, un representante liberal, y Muñoz, un exrepresentante de la Alianza Verde que renunció en febrero de 2024, diez meses después de que la Corte le abriera una investigación por irregularidades en contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 2016.
La Corte cerró la etapa probatoria del caso contra Manrique, Manzur, Bitar, Peinado, Gallo y Muñoz en noviembre del año pasado. Desde entonces, el paso siguiente era la acusación y una eventual medida de aseguramiento. Una votación de tres votos a favor y tres en contra el 5 de marzo estancó todo.
“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos” de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar, reseñó la Corte en un comunicado oficial el segundo miércoles de marzo.
Los encuentros, que la Sala documentó, habrían servido para definir “los montos con los que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”. La corporación asegura haber recaudado “amplio material” para “concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio”.
El magistrado Rodríguez y su colega Héctor Alarcón votaron por una acusación y una medida de aseguramiento para todos los implicados. La magistrada Cristina Lombana solo pretendía un juicio y una detención para Wadith Manzur y Karen Manrique, y el magistrado Marco Antonio Rueda optaba por un juicio sin aseguramiento.
César Reyes, expresidente en 2023 y 2025 de la Sala, se inclinó por juzgamientos para Manzur, Manrique y Juan Pablo Gallo, los tres a quienes María Alejandra Benavides les habría enviado información sobre proyectos de los que saldrían cupos indicativos, una partida del presupuesto nacional para proyectos regionales de congresistas.
El papel de los conjueces en una discusión inusual
Y el presidente actual, el magistrado Francisco Farfán, tendía a llevar a todos a juicio y a nadie a la cárcel. Como no se pusieron de acuerdo, el futuro del abultado expediente quedó en manos de Jesús Alfredo Rey Córdoba, un abogado con doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, y Javier Fernando Fonseca, especialista en Derecho Penal.
La Sala de Instrucción escogió a los conjueces por sorteo y programó para el miércoles 11 de marzo su siguiente jornada. Rey tiene una vasta experiencia en la rama judicial y en la cátedra, principalmente en la Universidad de Los Andes, donde fue decano en 1986, y en la Universidad Javeriana de Cali, de donde es oriundo.
Sobre sus orientaciones políticas no se sabía mucho, pero el punto es que ambos juristas fueron clave. La Sala de Instrucción no suele llamar a sus conjueces luego de su posesión, pues las pugnas internas, aunque retrasan las investigaciones y los autos, se resuelven con la mayoría de los votos. El episodio de la UNGRD fue casi inédito.
Karen Manrique está en líos porque el exdirector de la UNGRD Olmedo López, en declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, aseveró haberse reunido varias veces con ella en 2023 para revisar los avances de tres contratos que sumaban unos 92.000 millones de pesos. Los convenios, al parecer, debían entregarse a dedo.
Manrique, en su momento, reaccionó en su cuenta de X. “Olmedo López miente”, escribió. Una jueza avaló en agosto de 2025 el principio de oportunidad del exfuncionario, pero en abril de 2026 el Tribunal Superior de Bogotá lo tumbó. “Su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente”, añadió la congresista.
Las acusaciones de Olmedo López y la defensa de Manrique
López afirmó haberse reunido en su oficina con Manrique, y que ella escribió en la libreta personal de él cuáles eran los contratos que necesitaba desviar y a qué congresistas debían dirigirse: Manzur, Bitar, Gallo, Peinado y Muñoz. Los convenios se destinarían en Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar y Arauca.
Al final, ninguno de los contratos se adjudicó o se ejecutó. Olmedo López terminó renunciando a la UNGRD por haber liderado el desfalco de la entidad tras el contrato para suministrar agua potable a La Guajira con cuarenta carrotanques, y, como piezas de dominó, las confesiones a cuentagotas fueron tumbando a más funcionarios.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, ha sido clave. La justicia tiene cerca de cincuenta horas de grabación en las que Benavides delata encuentros en el ministerio y presiones de congresistas. La Fiscalía firmó con ella un principio de oportunidad que un juzgado aprobó en julio del año pasado.
Benavides ha comprometido a casi cuarenta personas, una treintena de las cuales son congresistas que habrían negociado contratos en la UNGRD y en el Instituto Nacional de Vías (Invías). La línea de investigación del Invías, que ya ha impulsado detenciones preventivas, navega en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.
Horas antes de que empezara la sesión del 4 de marzo de la Sala de Instrucción, la representante Manrique publicó un video en sus redes. Con nerviosismo, decía que estaba en Tame haciendo campaña y que quería responder al “alto impacto que han generado los rumores” y “las noticias” sobre el debate en la Corte.
Las pruebas, los acuerdos y el alcance del escándalo
“También le hice llegar un documento a la honorable Corte Suprema de Justicia porque desconocemos los procesos”, manifestó Manrique, con un discurso al menos contradictorio con, por ejemplo, las actuaciones de su defensa. La última semana de febrero, su abogado Andrés Garzón pidió remover al procurador del caso.
De hecho, tanto Manrique como Bitar, los congresistas y el excongresista saben del proceso penal de la UNGRD al menos desde noviembre de 2024, cuando la Sala de Instrucción abrió una investigación formal en su contra y les citó a indagatoria, aseverando contar con cincuenta pruebas documentales y diez testimoniales.
En julio de 2025, la Sala de Instrucción decidió no detener a Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Juan Muñoz. El magistrado Misael Rodríguez había presentado una ponencia para enviarles a la cárcel, pero la mayoría de la Sala no la apoyó. La segunda, de cierto modo, fue la vencida para el togado.
La investigación constató, desde la etapa preliminar, que entre noviembre y diciembre de 2023 la Comisión de Crédito Público emitió trece de los dieciocho conceptos que el Ministerio de Hacienda pidió en el año. “A cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas”, sostuvo la Corte.
En agosto de 2025, el magistrado Rodríguez compulsó copias para que la Fiscalía investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a diez exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro —como el prófugo Carlos Ramón González y el exministro Luis Fernando Velasco— por presuntamente ofrecer contratos a cambio de votos.
Iván Name, de la Alianza Verde, y Andrés Calle, liberal, son las figuras más prominentes del escándalo a las que la justicia ha alcanzado. Los expresidentes del Congreso también están presos. La Sala de Primera Instancia rechazó una nulidad de Calle y admitió varias pruebas en su contra. El juicio, como el de la Comisión de Crédito, sigue firme.
El pulso con la Corte por el caso UNGRD, en cuatro preguntas
¿Por qué Karen Manrique y Wadith Manzur atacan a la Corte Suprema?
Ambos congresistas, detenidos por el escándalo de corrupción en la UNGRD, emprendieron una ofensiva jurídica para cuestionar la decisión que los envió a prisión. Sus acciones buscan debilitar la validez de la medida de aseguramiento mientras esperan el llamado a juicio.
Manrique lleva más de cuarenta días detenida y Manzur también permanece privado de la libertad. Desde allí, sus defensas alegan falta de garantías y apuntan a irregularidades en la forma en que la Corte tomó la decisión.
¿Qué recursos presentaron Manrique y Manzur contra los magistrados y conjueces?
La defensa de Manrique radicó una queja disciplinaria contra los conjueces que destrabaron la votación en la Sala de Instrucción, además de una recusación que incluye la solicitud de anular el auto que ordenó su captura.
Manzur, por su parte, recusó a un magistrado titular, argumentando falta de imparcialidad. En conjunto, las acciones buscan apartar a quienes participaron en la decisión o incluso tumbarla por vicios en su trámite.
¿Cuál es el principal argumento de las defensas de Karen Manrique y Wadith Manzur?
El eje de las críticas es que los conjueces no habrían tenido el tiempo suficiente para estudiar un expediente voluminoso antes de votar. Según Manrique, analizar el material probatorio requería meses de trabajo, no apenas unos días.
En el caso de Manzur, el reclamo se centra en el cambio de postura de un magistrado que inicialmente no apoyaba su detención. Su defensa sostiene que no había nuevas pruebas que justificaran ese giro en la decisión.
¿Qué hay detrás del proceso por la UNGRD?
La Corte investiga a varios congresistas por presuntamente recibir contratos a cambio de aprobar créditos internacionales del Gobierno. El caso se apoya en testimonios, interceptaciones y documentos que apuntan a una red de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo.
El expediente incluye decenas de pruebas y ha derivado en detenciones de figuras clave del Congreso. Mientras avanza hacia juicio, el proceso sigue ampliándose con nuevas líneas de investigación que salpican a otros funcionarios y otras entidades del Estado.