La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Amplio generó un debate público durante la entrevista emitida en Rounds FM, en la que intervinieron los representantes a la Cámara Katherine Miranda y Gabriel Becerra, con posiciones opuestas sobre el alcance jurídico y democrático del fallo.
¿Por qué el Consejo Nacional Electoral negó la participación de Iván Cepeda?
Durante su intervención, Katherine Miranda, representante a la Cámara, sostuvo que el Consejo Nacional Electoral “acertó” al tomar la decisión y afirmó que se actuó conforme al marco legal vigente. Señaló que la determinación no correspondía a un interés personal sino al cumplimiento de las normas que regulan los mecanismos de participación política. Según explicó, Iván Cepeda había participado previamente en una consulta interpartidista, lo cual quedó consignado en un acta presentada el 26 de septiembre.
Miranda indicó que existió una solicitud posterior de retiro de esa consulta, pero afirmó que fue “extemporánea” al haberse presentado cuatro días antes de la jornada electoral. Bajo ese argumento, sostuvo que no era procedente que un mismo aspirante participara en dos mecanismos distintos con el mismo propósito. Agregó que la decisión evitó el uso de recursos públicos, al señalar que “se le ahorra una plata significativa al país”, y mencionó que también estaba en juego la reposición de votos.
La representante citó declaraciones públicas de actores del mismo sector político para respaldar su postura. Afirmó que Daniel Quintero había expuesto razones jurídicas para no participar en una consulta similar y que Gustavo Bolívar reconoció la importancia de los recursos asociados a ese mecanismo. En ese contexto, sostuvo que la decisión del Consejo Nacional Electoral debía ser respetada, aun cuando no resultara favorable para algunos sectores.
¿La decisión del CNE vulnera derechos políticos y democráticos?
En contraste, Gabriel Becerra, representante a la Cámara, afirmó que la determinación representó una “afectación seria a la democracia” y sostuvo que se vulneraron derechos políticos fundamentales. Indicó que se desconocieron garantías contempladas en los artículos 40 y 107 de la Constitución, así como en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Según dijo, estas normas protegen la participación ciudadana a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.
Becerra explicó que el Pacto Histórico solicitó su personería jurídica con un año de anticipación y que solo pudo inscribirse mediante una tutela, recibiendo la personería días antes del proceso. Afirmó que desde el inicio se planteó una estrategia de definición interna de candidaturas para luego avanzar hacia una convergencia más amplia. En ese sentido, sostuvo que la decisión del Consejo Nacional Electoral interfirió en ese proceso.
El representante rechazó que la motivación principal fuera económica y afirmó que los topes de financiación de campañas están regulados y se distribuyen entre los candidatos. También cuestionó la actuación de algunos funcionarios, al señalar que existían conflictos que debieron ser evaluados. Finalmente, expresó que la controversia debía resolverse en las urnas y no mediante decisiones administrativas, y calificó la situación como una intervención en la vida política del país.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM