Congreso aprueba en primer debate la ley anticapuchos: así buscan castigar a los encapuchados

La iniciativa busca proteger la protesta pacífica y sancionar a quienes cubran su rostro para cometer actos vandálicos y aumentar las penas por bloqueos de vías.
Proyecto de ley anticapuchos, Jaime Arizabaleta Crédito: RCN Radio-LA FM

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles 4 de noviembre en primer debate el proyecto de ley anticapuchos, con una votación de veinte votos a favor y dos en contra.

La iniciativa, presentada por el representante del Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, busca aumentar sanciones penales para quienes oculten su identidad durante las manifestaciones con el propósito de cometer actos delictivos o vandálicos.

El proyecto ahora continuará su trámite legislativo en el Congreso de la República. Durante la discusión, los representantes pertenecientes a la debatieron sobre los alcances de la propuesta, su relación con el derecho a la protesta social y las sanciones que contempla para quienes utilicen capuchas para cometer delitos.

¿Qué busca el proyecto de ley anticapuchos?

Este proyecto pretende penalizar las conductas de quienes se infiltren en las manifestaciones, oculten su rostro y aprovechen esa condición para cometer actos vandálicos o delictivos.

El representante de Cambio Radical, Jorge Triana, defendió el proyecto y aseguró que la intención es diferenciar entre quienes ejercen su derecho a la protesta y quienes utilizan las movilizaciones para cometer delitos.

La iniciativa contempla circunstancias agravantes cuando las conductas delictivas se cometan contra centros hospitalarios, servicios públicos, transporte público e instalaciones de servicios de urgencias.

Sobre las sanciones, Triana aseguró que las penas superarían los 40 meses de prisión y que quienes incurran en estas conductas tendrían que cumplir las condenas en centros penitenciarios.

“Esta es una herramienta jurídica que va a permitir que el delito ya no sea excarcelable”, afirmó Triana.

Los alcances del proyecto de ley anticapuchos

Tras la aprobación en primer debate, el representante y autor Jaime Arizabaleta, explicó que el proyecto no se limita a sancionar a quienes utilizan capuchas para cometer actos vandálicos durante las manifestaciones. Afirmó que incluye un aumento de las penas por el bloqueo de vías, con el propósito de que esta conducta deje de ser excarcelable.

El representante aseguró que para que se configure el delito relacionado con el uso de capuchas deben coincidir tres elementos: el ocultamiento de la identidad, la comisión de un acto vandálico y que los hechos ocurran en medio de una protesta.

Sin embargo, insistió en que quienes participen en movilizaciones pacíficas no serían objeto de estas sanciones por el solo hecho de cubrirse el rostro.

“Bloquear vías no se puede permitir en este país. Bloquear vías está prohibido, pero con esto aumentamos la pena para que deje de ser excarcelable”, afirmó Arizabaleta.

El ponente también defendió que la propuesta busca proteger a quienes participan en manifestaciones pacíficas y cuestionó los efectos de los bloqueos a la ciudadanía.

“Con este proyecto queremos blindar la protesta, porque toda protesta tiene que ser pacífica. Cuando usted comete actos vandálicos, se sale de la protesta. (...) Bloquear vías no se puede permitir en este país”, dijo el autor Jaime Arizabaleta.

¿Qué dijeron los representantes durante el debate?

El representante Miguel Ángel Pinto se refirió a los argumentos expuestos para solicitar el archivo del proyecto y cuestionó que el uso de capuchas se relacione automáticamente con actos de violencia.

“Casi me convencen de votar el archivo cuando me dijeron que la capucha protegía vidas. Y yo me puse a pensar: ¿será que entonces Miguel Uribe, si hubiera puesto la capucha, ellos hubieran protegido la vida de Miguel?”, aseguró Pinto.

Por parte de la oposición, la representante Ana Erazo, del Pacto Histórico, cuestionó la aprobación en primer debate del proyecto de ley anticapuchos y aseguró que la iniciativa podría criminalizar la protesta social

“Lo que está haciendo es criminalizar la protesta. Si una persona se cubre la cara porque le están cayendo gases lacrimógenos y al lado se genera un hecho vandálico, podría terminar siendo vinculada a un delito”, afirmó Erazo.

¿Qué sigue para el proyecto de ley anticapuchos?

Antes de la aprobación del proyecto, la Comisión Primera negó una proposición que buscaba archivar la iniciativa. Posteriormente, los congresistas avanzaron en la discusión y aprobaron el proyecto en su primer debate, con veinte votos a favor y dos en contra.

Con esta decisión, la propuesta superó su primer paso en el Congreso y deberá continuar su recorrido legislativo para convertirse en ley de la República. Ahora deberá esperar pasar por la plenaria de la Cámara de Representantes, luego por comisión primera del Senado y finalmente la plenaria del Senado de la República.

Claves del tema en 4 preguntas

¿Qué busca la ley anticapuchos en Colombia?

El proyecto busca aumentar sanciones penales para quienes oculten su rostro durante las manifestaciones y aprovechen esa condición para cometer actos vandálicos o delictivos. No plantea prohibir el uso de capuchas durante las protestas.

¿Quién presentó el proyecto de ley anticapuchos?

La iniciativa fue presentada por el representante a la Cámara Jaime Arizabaleta, del partido Centro Democrático, quien defendió su propuesta durante el debate en la Comisión Primera y pidió diferenciar la protesta pacífica de los actos vandálicos.

¿Qué penas contempla el proyecto de ley anticapuchos?

Según explicó el representante Jorge Triana, la iniciativa contempla penas superiores a los 40 meses de prisión para quienes se infiltren en las protestas, oculten su rostro y cometan actos delictivos. También incluye agravantes para ataques contra hospitales y servicios públicos.

¿Cuántos votos obtuvo la ley anticapuchos en primer debate?

El proyecto fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con 20 votos a favor y dos en contra, por lo que continuará su trámite legislativo en el Congreso.