Luego de una larga jornada de trabajo, la plenaria del Senado aprobó en último debate la Ley de Sometimiento, que contiene los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional para la desarticulación de las estructuras criminales de alto impacto.
La norma contempla el desmonte de la denominada política de ‘paz total’, pero si establece algunos beneficios para los integrantes de las organizaciones armadas que decidan entregarse a la justicia.
Puntos claves
El proyecto contempla un tratamiento penal diferenciado que incluye reducción de las penas de hasta el 50% para los miembros rasos de estas estructuras y de máximo el 30% para quienes hayan tenido mando dentro de las mismas.
Los reclutadores de menores de edad no obtendrán beneficios con esta ley de sometiendo y tendrían que pagar una condena mínima de 10 años de cárcel.
De otro lado, contempla que los testaferros, o llamados terceros, tendrán que pagar una pena mínima de 6 años, bajo la condición de que entreguen todos los bienes ilegales que se encuentren en su poder.
Se acaba la negociación del Estado con grupos armados y se establece que no habrá ningún tipo de estatus político a estas organizaciones.
Además, se deja claro que bajo ninguna circunstancia se podrá conceder la suspensión de las órdenes de captura o las órdenes de extradición para los miembros de las organizaciones que estén en proceso de desmovilización.
Con la prórroga de esta ley 418, que es la de Orden Público, también se salvan algunos programas que tiene la Fiscalía como el de protección de testigos y se le da continuidad al Fonsecom, que es el fondo de seguridad del Ministerio del Interior.
Precisamente, uno de los artículos que se cayó, es el que permitía la contratación reservada en dicho fondo para temas de seguridad nacional.
Penas mínimas de 10 años
El senador Hernán Cadavid, quien fue el coordinador ponente del proyecto, explicó que en la iniciativa quedó claro que las personas que se entreguen a la justicia, tendrían que pagar penas mínimas de 10 años.
“En ningún caso habrá una pena menor a 10 años en el tratamiento de esta norma. Los que habían dicho que esta era una norma que iba a excarcelar las personas en un año, es falso, son penas restrictivas y son condenas en firme”, indicó.
Además, explicó que podría haber alternativas de reclusión como granjas agrícolas. “Serán centros de lugares regidos por el Inpec, no es una finca a sus anchas, sino alternativas desde el Gobierno Nacional para poder encontrar lugares donde haya un sometimiento colectivo y cumplir con la restricción de la libertad”, dijo.
No hay negociaciones
El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que la ley aprobada en el Senado se ajusta a la política criminal que quiere liderar el Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Cancino dejó claro que no habrá procesos de negociación, que los que se acojan deberán todos los requisitos, entre ellos la devolución de los dineros y bienes ilegales por parte de los testaferros. “No se va a devolver dinero, tienen que entregar el inventario absoluto de bienes, se puso un límite de 6 años para obtener la libertad condicional”, sostuvo.
Insistió en que no habrá suspensión de órdenes de captura o de extradición. “La duración de la ley quedó en 4 años, mano dura con los reclutadores, se exige el cumplimiento de todos los requisitos porque si no salen expulsados a la justicia ordinaria, no hay suspensión de ordenes de captura, ni de extradición, no hay un proceso de negociación y es una ley de orden público”, dijo.
El proyecto ahora deberá ser aprobado en la Cámara de Representantes. Si los textos son distintos, tendrán que ir a conciliación a las dos plenarias, pero si los mismos coinciden, la norma será enviada a la sanción presidencial.