El Congreso de la República aprobó el martes 3 de noviembre el proyecto de sometimiento a la justicia, con 57 votos a favor y 24 en contra en el Senado, y 95 a favor y 10 en contra en la Cámara de Representantes. Las dos corporaciones votaron el mismo articulado y evitaron así una conciliación. El texto modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, cuya vigencia vencía la medianoche del 4 de noviembre.
La firma del presidente
El presidente Abelardo De La Espriella sancionó la ley este miércoles 4 de noviembre, después de que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, firmaran el texto y lo enviaran al despacho presidencial.
El Gobierno radicó el proyecto el 13 de octubre con mensaje de urgencia. Tras la aprobación en las plenarias, el jefe de Estado celebró el resultado en su cuenta de X con un mensaje que resumió el cambio de rumbo de su política de seguridad: "La falsa paz total llegó a su fin". En ese mismo trino escribió: "¡Habemus Ley de Sometimiento!".
Las rebajas de pena y sus condiciones
Según el texto aprobado, los integrantes de base de las organizaciones criminales que se sometan podrán recibir una reducción de hasta el 50 % de la pena. Los cabecillas tendrán una rebaja máxima del 30 %, con una condena mínima de 10 años de prisión.
Los beneficios dependen de que cumplan sus compromisos: entregar las armas y los bienes ilícitos, aportar información sobre el funcionamiento de sus estructuras y contribuir a la reparación de las víctimas. Para los delitos de lavado de activos y testaferrato, la exigencia de pena cumplida para acceder al tratamiento penal diferenciado subió de uno a seis años.
Las líneas rojas de la nueva ley
La norma mantiene vigentes las órdenes de captura y las solicitudes de extradición durante los procesos de sometimiento. También elimina la figura de los gestores de paz y las mesas de negociación con los grupos armados, y deja a los responsables del reclutamiento de menores de edad por fuera de cualquier beneficio, según el texto aprobado.
La ley tendrá una vigencia de cuatro años. El proyecto que el Gobierno radicó en octubre proponía diez, pero ese plazo se redujo durante el trámite en el Congreso.
Claves de la noticia
¿Qué es la Ley de Sometimiento?
Es el marco jurídico con el que el Gobierno de Abelardo De La Espriella reemplaza la política de paz total. Fija las condiciones para que integrantes de grupos armados ilegales y estructuras criminales se entreguen a la justicia, sin reconocimiento político ni mesas de negociación.
¿Qué beneficios reciben quienes se acojan?
Según el texto aprobado, los integrantes de base pueden obtener rebajas de hasta el 50 % de la pena, y los cabecillas de hasta el 30 %, con una condena mínima de 10 años. Los beneficios dependen de entregar armas y bienes, aportar información y reparar a las víctimas.
¿Quiénes quedan excluidos?
La ley deja por fuera de los beneficios a los responsables del reclutamiento de menores de edad. También elimina la figura de los gestores de paz, que existía en el modelo anterior.
¿Qué pasa con las órdenes de captura y las extradiciones?
Siguen vigentes. La norma mantiene activas las órdenes de captura y las solicitudes de extradición mientras avanzan los procesos de sometimiento.
¿Cuánto tiempo estará vigente la ley?
Cuatro años. El proyecto que el Gobierno radicó el 13 de octubre proponía diez, pero ese plazo se redujo durante el trámite en el Congreso.