Una decisión judicial en firme volvió a darle la razón a Esteban Restrepo, actual secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud, en el proceso que promovió por la presunta vulneración de sus derechos al buen nombre, la honra y la dignidad humana a raíz de publicaciones realizadas por el concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “Gury”, en las que lo señaló de ser “uno de los capos” de una supuesta “bacrim del pinturismo”.
El Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín confirmó en segunda instancia el fallo de tutela que había sido emitido en mayo de este año y mantuvo las órdenes impartidas contra el cabildante, entre ellas la eliminación de los contenidos cuestionados y la divulgación de una rectificación acompañada de disculpas públicas.
Con esta determinación, el despacho judicial desestimó los argumentos presentados por el concejal durante la impugnación y respaldó las conclusiones alcanzadas en la primera decisión.
Uno de los aspectos centrales del fallo tiene que ver con el alcance de las manifestaciones realizadas desde redes sociales por quienes ejercen funciones públicas. Al respecto, el juzgado advirtió que los mensajes objeto de la controversia fueron difundidos desde una cuenta institucionalmente reconocida y asociada a un funcionario elegido por voto popular, lo que amplifica el impacto de sus afirmaciones frente a la audiencia.
En la providencia se indica que “las afirmaciones cuestionadas no provinieron de un perfil anónimo, sino de la cuenta oficial y verificada de un servidor público investido de autoridad, cuyas expresiones poseen una capacidad de difusión y credibilidad muy superiores a las de un usuario ordinario”.
También fue valorada la posición de Restrepo frente a los señalamientos divulgados en su contra. Según el fallo, “es un ciudadano cuya posibilidad de neutralizar el impacto de tales mensajes resultaba notoriamente menor”, circunstancia que fue determinante para concluir que existió una afectación a sus derechos fundamentales.
La sentencia ratificada obliga al concejal a publicar una aclaración en la que reconozca que “no existe decisión judicial que vincule a Restrepo con organización criminal alguna”, además de presentar excusas públicas.