La senadora Martha Isabel Peralta Epieyú tiene hoy dos frentes judiciales activos: uno penal en la Corte Suprema por el caso UNGRD y otro de pérdida de investidura en el Consejo de Estado. Además, ya hubo un hábeas corpus que le fue negado y existen cuestionamientos de su defensa sobre actuaciones de la magistrada que lleva el proceso penal”.
En relación a estos procesos en contra de la congresista oriunda de La Guajira, lo primero que hay que aclarar es que no todos corresponden a procesos penales y no todos están dirigidos contra ella.
Proceso penal por el caso UNGRD
Vamos primero con el proceso que concentra la mayor atención: la investigación penal que adelanta en contra de la congresista, la Corte Suprema de Justicia por hechos relacionados con la UNGRD.
El expediente está en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y la investigación contempla, entre otros, los posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
En este punto es importante recordar ¿Qué está tratando de establecer la Corte?
Según la información oficial se busca determinar la posible participación de Peralta en actuaciones relacionadas con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, especialmente un negocio cercano a los 2.170 millones de pesos, relacionado con maquinaria amarilla y volquetas destinadas a Riohacha, La Guajira.
La hipótesis inicial y que está bajo investigación es si la congresista habría intervenido para favorecer determinados intereses o contratistas.
Dentro de los elementos que hacen parte de este expediente aparecen las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes estuvieron al frente de la UNGRD.
La Corte llamó a Martha Peralta a indagatoria, diligencia que finalmente se realizó el 22 de junio de 2026: en ese sentido hay que recordar que el caso de la senadora Peralta está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Ella ya citó y escuchó en indagatoria y lo que debe seguir es la decisión en la que se resuelve la situación jurídica. Se presentó una ponencia a la Sala la cual luego fue retirada y no se ha presentado nueva ponencia para decidir el tema.
Y aquí hay que hacer una aclaración jurídica fundamental: una indagatoria no significa una condena.
La detención y el hábeas corpus
Ahora vamos con un segundo episodio, pero dentro de ese mismo proceso penal.
En esta parte del proceso, es pertinente recordar que cuando la Corte Suprema buscaba garantizar la comparecencia de Martha Peralta a la indagatoria, ordenó su detención.
Frente a esa decisión, la defensa de Peralta acudió al hábeas corpus, una acción constitucional destinada a proteger la libertad personal cuando se considera que una persona está siendo privada de ella de manera ilegal.
El recurso fue estudiado por el Juzgado 21 de Familia de Bogotá, a cargo de la jueza Sandra Isabel Bernal sin embargo, la togada negó el hábeas corpus.
Y es que según la información oficial, el juzgado no encontró razones para considerar ilegal la privación de la libertad en las circunstancias analizadas.
Sumado a eso, vale la pena aclarar o explicar que este hábeas corpus no es un proceso penal diferente contra Martha Peralta, sino que fue una actuación judicial derivada directamente del proceso que ya estaba adelantando la Corte Suprema.
Después de la indagatoria, la detención fue levantada y Peralta quedó en libertad, pero con compromisos frente a la Corte: comparecer cuando sea requerida, informar cambios de domicilio y no salir del país sin autorización judicial.
En pocas palabras, si se habla del estado actual de este hábeas corpus, se describe que este se encuentra resuelto y negado.
Demanda de pérdida de investidura
El segundo gran proceso que debemos separar del anterior está en el Consejo de Estado. Aquí ya no estamos hablando de responsabilidad penal, en este punto se hace referencia de una posible pérdida de investidura como congresista.
De acuerdo con el Consejo de Estado, se admitió una demanda contra Martha Peralta y otros ocho congresistas. Relacionada con hechos alrededor del escándalo de la UNGRD y que plantea, entre otros aspectos, una posible configuración de la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado.
Sumado a eso, se especifica que aparecen cuestionamientos relacionados con el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses aplicable a los congresistas.
Esto es muy importante para entender el caso porque la Corte Suprema y el Consejo de Estado están analizando asuntos diferentes.
Y es que mientras la Corte Suprema estudia una eventual responsabilidad penal, el Consejo de Estado analiza si determinadas conductas pueden tener consecuencias sobre la investidura de la congresista.
Incluso si los hechos de origen están relacionados, no se puede olvidar que son procesos diferentes, con finalidades diferentes y ante autoridades diferentes.
En ese mismo sentido, también hay que recordar que el Consejo de Estado ordenó además, practicar pruebas dentro del proceso, entre ellas testimonios de personas relacionadas con el caso de la UNGRD.
Por lo anterior, se puede afirmar entonces que la demanda fue admitida y el proceso está en trámite, lo que no significa que Martha Peralta ya haya perdido su curul en el Congreso de la República.
La pérdida de investidura tendría que ser declarada mediante una decisión de fondo del Consejo de Estado, después del trámite correspondiente.
Los cuestionamientos contra la magistrada Cristina Lombana
Ahora viene un tercer frente que es especialmente importante porque aquí cambia el sujeto de los cuestionamientos, dado que fue la defensa de Martha Peralta la que presentó reparos frente a algunas actuaciones desarrolladas dentro del proceso penal.
Los cuestionamientos están relacionados con asuntos como el derecho de defensa, el debido proceso y las medidas coercitivas utilizadas para garantizar la comparecencia de la congresista.
Esos planteamientos fueron remitidos por cuatro magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema a dos instancias: la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación. En su momento y según la misma defensa de la congresista, esto se hizo para que esas autoridades determinen si existe algún mérito para establecer una eventual responsabilidad penal o disciplinaria derivada de las actuaciones cuestionadas.
Por esa razón, es prudente aclarar que este punto no es una nueva investigación contra Martha Peralta y que los cuestionamientos se relacionan con la actuación de la magistrada Cristina Lombana, quien llevaba el expediente de Peralta. Una cosa es el proceso penal contra la congresista y otra muy diferente es la revisión de las actuaciones de la magistrada.
Además, según la información suministrada, Lombana ha defendido la legalidad de sus actuaciones y los cuestionamientos fueron remitidos a las autoridades competentes para determinar si existe mérito para una eventual investigación.
Las denuncias anteriores que fueron inadmitidas
Y hay un cuarto punto que conviene separar para evitar que se crea que Martha Peralta acumula una serie de investigaciones penales vigentes.
De acuerdo con los registros, aparecen denuncias anteriores contra la congresista que fueron inadmitidas.
Una de estas corresponde al radicado 01150, relacionado con una denuncia presentada contra Peralta y que fue inadmitida en febrero de 2025. También aparece el radicado 01062, cuya denuncia fue inadmitida en abril de 2025.
Antecedentes judiciales que tuvieron un trámite determinado y que no deben mezclarse con el proceso que actualmente concentra la atención: la investigación relacionada con la UNGRD.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Cuántos procesos tiene actualmente Martha Peralta?
El principal frente penal es la investigación de la Corte Suprema por el caso UNGRD. Paralelamente, existe un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. A esto se suman actuaciones judiciales distintas, como el hábeas corpus, que ya fue resuelto.
¿La investigación de la Corte significa que Peralta ya es culpable?
No. La Corte está investigando una posible responsabilidad penal. La existencia de una investigación o una indagatoria no equivale a una condena.
¿La demanda de pérdida de investidura significa que ya perdió su curul?
No. La demanda fue admitida y el proceso está en trámite. La pérdida de investidura solamente podría producirse mediante una decisión de fondo del Consejo de Estado.
¿Qué pasa con la magistrada Cristina Lombana?
La defensa de Peralta cuestionó algunas de sus actuaciones dentro del proceso. Esos cuestionamientos fueron remitidos a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y a la Procuraduría para determinar si existe mérito para una eventual responsabilidad. No se trata de una investigación nueva contra Martha Peralta.