La Contraloría Distrital de Medellín concluyó que la salida del lote Aguas Vivas del patrimonio público causó un daño patrimonial al Distrito por $10.944.242.769. El hallazgo se conoce casi tres meses después de que una jueza declarara la nulidad de la imputación contra el exalcalde Daniel Quintero Calle y varios de sus exfuncionarios en el proceso penal por este mismo caso.
El resultado es del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GRI 001 de 2026), que revisó el inmueble entre 2019 y 2026. El informe y sus pruebas serán trasladados a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que adelantará las actuaciones correspondientes.
Aguas Vivas, de 146.686 metros cuadrados, ingresó al patrimonio del Municipio en 2019 mediante una cesión gratuita e irrevocable, como parte de obligaciones urbanísticas futuras de particulares. La Administración lo había considerado en estudios para el Ecoparque Las Palmas y el Parque Ambiental Valle del Software.
Devolución del predio
Según la Contraloría, el hecho irregular fue la terminación unilateral del contrato de cesión, ordenada mediante la Resolución 202250110923 del 26 de octubre de 2022. La inscripción registral, en febrero de 2023, materializó la devolución del predio a los particulares.
El ente de control estimó el valor del lote en $52.102.561.701 en 2019 y en $63.046.804.470 en 2023. Ese mayor valor, alcanzado mientras el inmueble era público, no le fue reconocido al Distrito al devolverlo, y la diferencia es el daño cuantificado.
La Contraloría aclaró que esta determinación no es una declaratoria de responsabilidad, sino un insumo técnico para una etapa posterior, con garantías de debido proceso, contradicción y defensa.
Antecedentes del proceso penal
El 14 de julio de este año, una jueza decretó la nulidad de la imputación contra Quintero y sus exfuncionarios por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Consideró que la Fiscalía presentó hechos con "serias contradicciones" y no precisó la conducta atribuida a cada procesado, lo que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa.
Según la Fiscalía, entre 2020 y 2023 exfuncionarios habrían intentado favorecer a particulares cambiando la cesión gratuita por una compraventa que les reconocería más de $40.500 millones, y luego habrían expedido actos administrativos para pasar el suelo de rural a urbano y subir el avalúo.
Claves de la noticia en cuatro preguntas:
¿Qué concluyó la Contraloría Distrital de Medellín sobre el lote Aguas Vivas?
La Contraloría Distrital de Medellín concluyó que la salida del lote Aguas Vivas del patrimonio público causó un daño patrimonial al Distrito por $10.944.242.769. El resultado corresponde al trabajo realizado por el Grupo Especial de Reacción Inmediata, que revisó el inmueble durante el periodo comprendido entre 2019 y 2026.
¿Cómo llegó el lote Aguas Vivas al patrimonio del Municipio y qué ocurrió después?
Aguas Vivas, con una extensión de 146.686 metros cuadrados, ingresó al patrimonio del Municipio en 2019 mediante una cesión gratuita e irrevocable, como parte de obligaciones urbanísticas futuras de particulares. Posteriormente, según la Contraloría, se ordenó la terminación unilateral del contrato de cesión y, mediante una inscripción registral realizada en febrero de 2023, se materializó la devolución del predio a los particulares.
¿Por qué la Contraloría cuantificó un daño patrimonial?
El ente de control estimó que el valor del lote pasó de $52.102.561.701 en 2019 a $63.046.804.470 en 2023. Según la Contraloría, ese mayor valor se alcanzó mientras el inmueble hacía parte del patrimonio público y no fue reconocido al Distrito cuando el predio fue devuelto. La diferencia entre esos valores corresponde al daño patrimonial cuantificado por el organismo de control.
¿La conclusión de la Contraloría significa que ya existe una responsabilidad fiscal?
No. La Contraloría aclaró que la determinación del daño no constituye una declaratoria de responsabilidad. El informe y sus pruebas serán trasladados a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que adelantará las actuaciones correspondientes, dentro de una etapa posterior en la que deberán garantizarse el debido proceso, la contradicción y la defensa.