La creciente percepción de inseguridad en la capital colombiana ha encendido el debate público sobre la viabilidad y legalidad de militarizar Bogotá. En un reciente episodio de Rounds FM, el concejal del Centro Democrático, Julián Uscátegui, y el experto en seguridad Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, protagonizaron un enfrentamiento dialéctico sobre el papel del Ejército frente a los delitos de alto impacto.
La postura a favor: Déficit de policías y estructuras criminales complejas
Para el concejal Julián Uscátegui, la situación de la ciudad sobrepasó la delincuencia común y exige medidas extraordinarias. Según el cabildante, la Policía Metropolitana no da abasto debido a un déficit histórico de personal y recursos logísticos.
"Hay que militarizar Bogotá por dos razones muy puntuales... ya no enfrentamos en Bogotá delincuencia común, sino estructuras criminales complejas, más de 205 estructuras que además dependen del ELN y las FARC", afirmó Uscátegui.
El concejal argumentó que la asistencia militar está amparada por la Ley 1801 (Código de Seguridad y Convivencia) y la Sentencia C-100 de 2022 de la Corte Constitucional, utilizándose de forma excepcional y temporal para labores de control territorial y liberación de policías en tareas administrativas o de custodia, como en embajadas.
La postura en contra: Marco constitucional y la ineficacia frente al hurto
Por su parte, Andrés Nieto rechazó categóricamente la medida, asegurando que se le está mintiendo a la ciudadanía sobre las competencias de las Fuerzas Militares.
"La Constitución Política es clara. El artículo 218 establece que la seguridad ciudadana... es atendida por la policía y que el ejército está es para la defensa nacional", sostuvo Nieto.
El experto en seguridad recalcó que un soldado no tiene las facultades legales para actuar directamente contra el hurto callejero, la extorsión o generar el acervo probatorio necesario para la Fiscalía. A su juicio, el verdadero problema de Bogotá no se resuelve con uniformados en las calles, sino con una crisis en la justicia, falta de gasolina para los patrullajes y fallas estructurales en proyectos carcelarios.
Asistencia militar versus militarización total: El choque legal
El centro de la discusión técnica recayó en la delgada línea jurídica que separa la asistencia militar de la militarización. Mientras Uscátegui defiende que el Código de Seguridad y Convivencia permite usar a las Fuerzas Armadas ante la superación de capacidades policiales, Nieto advierte que la jurisprudencia colombiana limita al soldado a funciones de defensa y apoyo logístico excepcional, recordando que la presencia de militares en zonas como el Palacio de Justicia no disuade el hurto común debido a sus restricciones legales de captura e investigación.
Estrategia integral versus soluciones inmediatas
Mientras Uscátegui insistió en que el Ejército es una herramienta indispensable de disuasión y apoyo temporal mientras se fortalecen las instituciones, Nieto enfatizó que la solución real pasa por exigir cuentas a la administración distrital sobre problemas logísticos básicos, como el mantenimiento de estaciones, el funcionamiento de cámaras de seguridad y la reactivación de proyectos como la cárcel distrital 2.
*Esta nota fue realizada con apoyo de Inteligencia Artificial