La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz instaló este 12 de noviembre la audiencia pública nacional de seguimiento a las medidas cautelares de protección para los firmantes del Acuerdo Final de Paz, ordenadas en abril de 2020.
En la diligencia, la JEP verifica cómo avanza la implementación de esas medidas, cómo se coordinan las instituciones responsables y qué acciones toman frente a los homicidios, atentados, amenazas y desplazamientos que sufren los firmantes y sus familias en distintas regiones del país.
El cruce por la legitimidad de la JEP
En el cierre de su intervención, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, afirmó que, diez años después de la firma del acuerdo, el gran desafío de la JEP tiene que ver con su legitimidad. “La legitimidad de la JEP, señores magistrados, se consigue con resultados y transparencia”, dijo.
El magistrado Gustavo Salazar Arbeláez interrumpió al ministro y le pidió que se ciñera al objeto de la audiencia: “Le pido que, con la venia de los colegas, se limite al tema de protección”. También le dijo que le parecía “de mala educación ir a poner en duda la legitimidad” del tribunal.
Ordóñez le respondió al magistrado: “Señor magistrado, usted no me ha permitido terminar. Le pido a usted también el debido respeto. Permítame terminar la exposición para que quede clara y objetivamente establecido lo que está diciendo el ministerio”.
La magistrada Reinere Jaramillo le permitió terminar al ministro. Le aclaró que todos los citados debían limitarse a los cuestionarios enviados previamente, que se refieren al seguimiento de las decisiones tomadas y al deber de articulación del Ministerio del Interior. Ordóñez cerró celebrando el anuncio del presidente de la JEP de acelerar las imputaciones e iniciar pronto los juicios.
El fin de la “feria de los esquemas de seguridad”
El ministro Ordóñez explicó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá hacer estudios de seguridad para establecer qué desmovilizados necesitan protección, ajustándose a los estándares de la Corte Constitucional. Según el ministro, los carros blindados y los hombres de protección son para quienes realmente los requieran.
“Pero que quede claro: en este gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad. No puede ser que con el dinero de los colombianos se paguen esquemas para que con ellos se delinca, se trafique droga, se carguen armas o se movilicen terroristas. La protección es para quienes actúen en la legalidad y cumplan con la Constitución”, afirmó.
El ministro también dio instrucciones sobre las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la JEP: “Las alertas no son para discutirlas, son para atenderlas”.
Lo que dijo Ordóñez tras la audiencia
A la salida de la diligencia, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, aseguró que el gobierno actúa dentro del marco legal: “Sí, se garantiza la protección para los comparecientes. Nosotros no discutimos la institucionalidad, el marco legal constitucional”.
Sobre el balance del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, el ministro dijo: “Estamos cumpliendo”. Agregó: “Hemos encontrado un desastre”.
Preguntas clave:
¿Qué es la audiencia que realizó la JEP?
Es la audiencia pública nacional de seguimiento a las medidas cautelares de protección para los firmantes del Acuerdo Final de Paz. La convocó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que ordenó estas medidas en abril de 2020. En la diligencia, los magistrados revisan cómo avanza la implementación de la protección, cómo se coordinan las entidades responsables y qué acciones toma el Estado frente a los homicidios, atentados, amenazas y desplazamientos que enfrentan los firmantes de paz y sus familias.
¿Por qué el magistrado Salazar interrumpió al ministro?
El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, afirmó que el gran desafío de la JEP es su legitimidad y que esta se consigue con resultados y transparencia. El magistrado Gustavo Salazar Arbeláez lo interrumpió, le pidió que se limitara al tema de protección y le dijo que le parecía de mala educación poner en duda la legitimidad del tribunal. Ordóñez le pidió que lo dejara terminar y le exigió también el debido respeto. La magistrada Reinere Jaramillo le recordó que las intervenciones debían ceñirse a los cuestionarios enviados.
¿Qué cambiará con los esquemas de protección de los firmantes?
Según el ministro Alejandro Ordóñez, la Unidad Nacional de Protección deberá hacer estudios de seguridad para definir qué desmovilizados requieren protección, siguiendo los estándares de la Corte Constitucional. El ministro dijo que los carros blindados y los escoltas son para quienes realmente los necesiten y que en este gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad. También dijo que la protección es para quienes actúen en la legalidad y cumplan la Constitución.
¿Cuál es la situación de seguridad de los firmantes de paz?
El ministro Ordóñez citó el informe que el secretario general de la ONU presentó en octubre, según el cual la Misión de Verificación registra 501 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo, 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. La Defensoría del Pueblo registra 521 víctimas. Según el ministro, a septiembre la UNP tenía 699 esquemas de protección individuales y colectivos a través de su subdirección especializada, con una ejecución de 294.742 millones de pesos durante 2025.