En la tarde de esta martes, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, que avaló la candidatura de Abelardo De la Espriella, confirmó que interpuesto una acción de tutela ante el Consejo de Estado.
La acción, específicamente, va en contra de la decisión adoptada por la magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual ordenó la suspensión de actividades de la firma encuestadora Atlas Intel en plena campaña presidencial.
"Esta decisión constituye un hecho de máxima gravedad democrática. En la recta final de la primera vuelta, cuando millones de colombianos están definiendo su voto, ninguna autoridad administrativa puede apagar la información, limitar el acceso ciudadano a mediciones electorales ni restringir el derecho de los votantes a conocer el estado real de la contienda", dice el comunicado emitido por el movimiento político.
¿Qué buscan con esta tutela desde la campaña de Abelardo De la Espriella?
Según explicó el equipo de campaña, la tutela busca proteger derechos fundamentales como el acceso a la información, la libertad de expresión, la participación política y el derecho de los ciudadanos a formar libremente su criterio antes de acudir a las urnas.
"Defensores de la Patria reitera que el candidato presidencial Abelardo De La Espriella no se opone al control institucional ni a la vigilancia electoral. Por el contrario, exige reglas claras, transparencia y cumplimiento de la ley para todos los actores del proceso", se lee en el documento.
En consecuencia, agrega que "lo que rechaza es que, bajo la figura de una medida administrativa, se termine afectando el debate público y restringiendo información relevante en un momento decisivo para el país".
¿Por qué consideran que no es correcto suspender las encuestas?
El movimiento señaló que suspender la función de las firmas encuestadoras en plena campaña no puede tomarse como un asunto menor, pues aseguran que las mediciones electorales hacen parte "del ecosistema informativo de una democracia y permiten a los ciudadanos contrastar escenarios, analizar tendencias y tomar decisiones con mayores elementos de juicio".
En ese sentido, "el movimiento advierte que cualquier actuación institucional debe fortalecer la confianza en el proceso electoral, no generar dudas sobre la neutralidad de las autoridades ni alimentar la percepción de que se pretende limitar la información cuando la ciudadanía más la necesita".
Finalmente, el equipo de campaña enfatizó en que acudirá a todos los mecanismos jurídicos disponibles "para garantizar que la primera vuelta se desarrolle con libertad, transparencia y pleno respeto por los derechos políticos de los colombianos".
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Quién interpuso la acción de tutela y contra qué decisión específica se dirige?
El movimiento ciudadano Defensores de la Patria, que avala la candidatura de Abelardo De la Espriella, interpuso la tutela ante el Consejo de Estado. La acción se dirige contra la decisión de la magistrada Fabiola Márquez, del Consejo Nacional Electoral, de suspender las actividades de la firma encuestadora Atlas Intel durante la campaña presidencial.
¿Qué derechos fundamentales busca proteger esta acción judicial según el equipo de campaña?
La tutela busca salvaguardar el acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política. Asimismo, pretende proteger el derecho de los ciudadanos a formar libremente su propio criterio antes de participar en las votaciones.
¿Cuál es la postura del candidato Abelardo De La Espriella frente al control institucional y la vigilancia electoral?
El candidato no se opone al control institucional ni a la vigilancia electoral. Por el contrario, su movimiento manifiesta que exige transparencia, reglas claras y el cumplimiento de la ley para todos los participantes del proceso electoral.
¿Por qué el movimiento considera que las encuestas son vitales para la democracia en este momento?
El movimiento sostiene que las mediciones electorales son parte del "ecosistema informativo de una democracia" y permiten a los votantes contrastar escenarios y analizar tendencias. Argumentan que suspenderlas restringe información relevante en un momento decisivo, lo cual afecta el debate público y puede generar dudas sobre la neutralidad de las autoridades.