El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió dos convenios interadministrativos que el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó con la Imprenta Nacional para la implementación operativa del nuevo modelo de pasaportes, así como para la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas. Se trata de una medida cautelar en medio de uno de los dos litigios por el esquema que el expresidente Gustavo Petro dejó como herencia.
La justicia, al menos en la etapa preliminar del proceso contencioso administrativo, encontró graves hallazgos en la planeación financiera, la incertidumbre técnica y de seguridad de la operación y el riesgo de un detrimonio al patrimonio público. Los convenios, uno de 2025 y otro de 2026, comprometieron recursos del herario hasta 2036 sin contar con el aval del Consejo Superior de Política Fiscal, el organismo coordinador del sistema presupuestal en Colombia.
Además, incluso con el expediente en curso, la Imprenta no ha informado sobre la ubicación exacta y la disponibilidad real de los documentos, si se expiden en Colombia o en el exterior, qué condiciones de seguridad hay en los sitios donde se concreta su personalización o cuáles son los costos pormenorizados de la producción de los pasaportes. Las inconsidtencias se remontan incluso a los cronogramas y los informes institucionales, que resultan contradictorios.
Por ejemplo, mientras se reportaba que el nuevo esquema operaba con normalidad y en fase exclusiva , los propios datos de producción de mayo de 2026 reflejaban que el 60,1% de los pasaportes expedidos continuaban a cargo del proveedor privado saliente, Thomas Greg & Sons, y que la producción de libretas en Colombia junto a la Casa de la Moneda de Portugal solo se llevaría a cabo gradualmente desde enero de 2031.
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