El apoderado de las víctimas expuso ante un juez de control de garantías un organigrama que, según su intervención, construida sobre la investigación adelantada por el grupo de tareas especiales de la Fiscalía General de la Nación para hechos de corrupción en la gestión pública de Medellín, retrata una estructura criminal enquistada en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) desde 2020, con presunta injerencia del entonces alcalde Daniel Quintero (2020-2023) y de su hermano Miguel Quintero, señalado como el operador directo del esquema.
La diligencia busca la imposición de detención preventiva intramural contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega Urán. La solicitud contra Quintero fue formulada originalmente por la Fiscalía; la petición contra Ortega (señalado como receptor de parte de los recursos desviados) fue elevada de manera adicional por el propio apoderado de víctimas, quien argumentó que existían elementos suficientes para extender también a él la medida.
La estructura señalada en el organigrama
De acuerdo con la exposición del apoderado de víctimas, Miguel Quintero, sin ser funcionario público ni director de la entidad, habría cooptado el AMVA a través de Juan David Palacio, director de la entidad desde enero de 2020, y de un grupo de subdirectores y funcionarios: Álvaro Villada, Vanessa Álvarez, Ana María Roldán, Diana María Montoya y María Yaneth Rúa.
Testigos citados en la audiencia, entre ellos la propia Rúa, exsupervisora de contratos del AMVA, relataron que dentro de la entidad se referían a Miguel Quintero como "el dueño" y que, cuando llegaba a las oficinas, los funcionarios avisaban su presencia.
El papel de los Bomberos de Itagüí
Del lado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, el organigrama ubica a Misael Cadavid, su exjefe, junto con el contador Juan Alberto Cardona y el vocal Elkin González. Cardona ya fue condenado a 19 meses de prisión tras un preacuerdo, mientras que Cadavid, capturado en octubre de 2025 e imputado por peculado por apropiación, obtuvo un principio de oportunidad en marzo de 2026 y hoy se encuentra bajo protección de la Unidad Nacional de Protección al ser, según lo relatado en la diligencia, el principal testigo del caso y blanco de presiones, ofrecimientos y acercamientos a su núcleo familiar.
Según testimonios e interceptaciones referidas por el apoderado de víctimas, de esos contratos se habría exigido a cambio un porcentaje, mencionado en la diligencia como el 15%, destinado a financiar campañas políticas y repartirse entre los señalados.
La posición de Daniel Quintero y la continuación de la audiencia
El exalcalde, que no está formalmente imputado en esta diligencia, el organigrama lo incluye con un signo de interrogación, ha rechazado en redes sociales cualquier vínculo con el caso. En un trino citado en la audiencia, calificó el proceso como una persecución política orquestada desde la actual Alcaldía de Medellín ("al servicio de Fico"), aseguró que el convenio cuestionado es con Itagüí y no con Medellín, y afirmó que impulsa "el mayor castigo" contra la corrupción "venga de donde venga".
La audiencia quedó suspendida y se reanudará este lunes 28 de septiembre a las 2:00 p.m., cuando se espera el pronunciamiento de las defensas de Quintero y Ortega sobre la solicitud de detención preventiva.
Esta noticia en cinco preguntas
¿Qué expuso el apoderado de las víctimas durante la audiencia?
El apoderado de las víctimas presentó ante un juez de control de garantías un organigrama que, según su intervención y con base en la investigación adelantada por el grupo de tareas especiales de la Fiscalía General de la Nación, representa una estructura que habría operado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá desde 2020. En esa exposición se señaló una presunta injerencia del entonces alcalde Daniel Quintero y de su hermano Miguel Quintero, a quien se señaló como supuesto operador directo del esquema. Las afirmaciones corresponden a lo expuesto durante la diligencia y hacen parte del material que deberá ser valorado dentro del proceso.
¿Qué medidas de aseguramiento se están solicitando en esta diligencia?
La diligencia busca que se imponga detención preventiva intramural contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega Urán. De acuerdo con el texto, la solicitud contra Miguel Quintero fue formulada originalmente por la Fiscalía General de la Nación. En el caso de Sebastián Ortega, la petición fue presentada adicionalmente por el apoderado de las víctimas, quien sostuvo ante el juez que existían elementos que permitirían extender la medida también contra él, al señalarlo como presunto receptor de parte de los recursos que habrían sido desviados.
¿Qué papel habría tenido Miguel Quintero según la exposición presentada en audiencia?
De acuerdo con lo expuesto por el apoderado de víctimas, Miguel Quintero, pese a no ser funcionario público ni director del Área Metropolitana, habría ejercido una presunta influencia sobre la entidad a través de Juan David Palacio, director desde enero de 2020, y de varios subdirectores y funcionarios. Entre los nombres mencionados están Álvaro Villada, Vanessa Álvarez, Ana María Roldán, Diana María Montoya y María Yaneth Rúa. Además, algunos testigos, entre ellos Rúa, afirmaron que dentro de la entidad se referían a Miguel Quintero como "el dueño" y que los funcionarios eran alertados cuando llegaba a las oficinas.
¿Qué se expuso sobre Misael Cadavid y los contratos relacionados con el caso?
El organigrama presentado también ubica a Misael Cadavid, exjefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, junto al contador Juan Alberto Cardona y al vocal Elkin González. Cardona fue condenado a 19 meses de prisión después de un preacuerdo, mientras Cadavid fue capturado en octubre de 2025 e imputado por peculado por apropiación. Posteriormente obtuvo un principio de oportunidad en marzo de 2026 y actualmente se encuentra bajo protección de la Unidad Nacional de Protección, debido a que, según lo relatado durante la diligencia, es considerado el principal testigo del caso y habría sido objeto de presiones y acercamientos. Además, el apoderado de víctimas mencionó testimonios e interceptaciones según los cuales se habría exigido un porcentaje del 15% de determinados contratos, que estaría destinado a financiar campañas políticas y a repartirse entre los señalados.
¿Qué dijo Daniel Quintero sobre el proceso y cuándo continuará la audiencia?
Daniel Quintero no está formalmente imputado en esta diligencia y aparece con un signo de interrogación dentro del organigrama presentado. Según el texto, el exalcalde ha rechazado públicamente cualquier vínculo con el caso. En una publicación citada durante la audiencia, calificó el proceso como una persecución política impulsada desde la actual Alcaldía de Medellín, afirmó que el convenio cuestionado corresponde a Itagüí y no a Medellín, y señaló que promueve "el mayor castigo" contra la corrupción "venga de donde venga". La audiencia fue suspendida y, según el texto, está prevista su reanudación para el martes 28 de septiembre a las 2:00 p.m., cuando se espera la intervención de las defensas de Miguel Quintero y Sebastián Ortega frente a la solicitud de detención preventiva.