El Pacto Histórico radicó ocho proyectos de ley junto al Gobierno saliente de Gustavo Petro, en un intento por blindar como legislación las reformas que no lograron aprobarse durante el cuatrienio y teniendo en cuanta la conformación del nuevo Congreso.
La bancada radicó los proyectos horas después de instalarse la nueva legislatura y a menos de tres semanas de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto.
El paquete incluye una nueva reforma tributaria, un Estatuto del Trabajo, una reforma a la educación superior, otra a la salud, la creación de la jurisdicción agraria, una ley contra el fracking, una regulación para la inteligencia artificial y una ley de gestión comunitaria del agua.
Reforma tributaria: más IVA y más impuestos al patrimonio
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó una reforma tributaria que busca recaudar 21,9 billones de pesos en 2027, con proyecciones de 32,7 billones en 2028, 34,9 billones en 2029 y 37 billones en 2030.
Entre las medidas figuran el aumento del IVA a los combustibles, que pasaría del 5 % al 10 % en 2027 y al 19 % en 2028; la permanencia del IVA a los juegos de azar; el cobro de IVA a compras virtuales hoy exentas y el incremento de impuestos a licores y cigarrillos.
El proyecto también grava los carros de lujo, los yates y las entradas a conciertos que superen los 500.000 pesos y crea nuevos gravámenes sobre bebidas alcohólicas.
El director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, defendió el enfoque de la iniciativa: "Proponemos una reforma tributaria progresiva. La idea es que los que tienen más y los que ganan más, aporten más y los que tienen menos y ganan menos, pues aporten menos".
La senadora Carolina Corcho, quien encabezó la lista del Pacto Histórico al Senado, señaló que la bancada dará "la batalla por la progresividad fiscal" desde el Congreso.
El ministro Germán Ávila insistió en que la propuesta "no toca menores ingresos ni la canasta familiar". La iniciativa contrasta con la postura del economista Miguel Gómez Martínez, encargado del Ministerio de Hacienda en el equipo de Abelardo De la Espriella.
Estatuto del Trabajo y salario vital
El Ministerio del Trabajo radicó el Estatuto del Trabajo y Salario Vital, que busca elevar a rango de ley el concepto de salario vital para sustituir de forma progresiva el salario mínimo.
La propuesta fija la remuneración según el costo de una canasta de vida digna para el trabajador y su familia, en lugar de calcularla únicamente con base en la inflación.
El proyecto incorpora además la regulación del uso de inteligencia artificial en decisiones laborales y endurece los controles contra la tercerización ilegal.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que se trata de "una iniciativa que tiene que ver con un estatuto del trabajo que es una promesa incumplida consagrada en el artículo 53 de la Constitución".
El funcionario agregó que busca "un estatuto que profundice en derechos y que incorpore el salario vital que sustituya el viejo y mezquino salario mínimo por un salario que garantice las condiciones de vida dignas".
La iniciativa convertiría en ley los criterios que el Gobierno Petro aplicó de forma voluntaria en diciembre pasado para fijar el aumento del salario mínimo.
Educación superior como derecho fundamental
El ministro de Educación, Daniel Rojas, radicó junto a la representante vallecaucana Isabel Vera, una reforma integral a la Ley 30 de 1992 que declara la educación superior como derecho fundamental y no como servicio comercial.
El proyecto cambia la fórmula de financiación estatal para garantizar giros presupuestales permanentes, además de ampliar la cobertura gratuita en las regiones y fortalecer la autonomía de las universidades públicas.
"No es una reforma más, es blindar como ley y profundizar lo que el Gobierno de Gustavo Petro logró como derecho para miles de jóvenes en sus territorios", afirmó.
La iniciativa se enfrentará a la visión de la ministra de Educación designada por De la Espriella, Vivian Morales, quien ha anunciado su intención de revertir varias de las medidas adoptadas durante el Gobierno saliente.
Reforma a la salud, otra vez sobre la mesa
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a radicar una reforma que insiste en eliminar la intermediación financiera de las EPS, prohibir la integración vertical y establecer el giro directo de los recursos a clínicas y hospitales.
El proyecto conserva la apuesta por un modelo basado en la atención primaria y la prevención, la misma fórmula que el Congreso anterior rechazó en dos ocasiones en la Comisión Séptima del Senado.
"Nosotros vamos a seguir insistiendo en esos puntos que nos parecen fundamentales: que las EPS no iban a recibir recursos, no iban a administrar recursos y que no iba a haber integración vertical. El giro directo llega directamente a quien prestó el servicio y eso mejora sustancialmente la posibilidad de que hospitales y clínicas puedan tener recursos claros", explicó Jaramillo.
Jurisdicción agraria y gestión comunitaria del agua
Los ministerios de Agricultura y Justicia insistieron en la creación de la jurisdicción agraria, con jueces y tribunales especializados para resolver los conflictos de tierras en el país.
El representante Gabriel Becerra, uno de los impulsores del proyecto, escribió en sus redes sociales que "no abandonaremos la lucha por la reforma y la justicia agraria".
El político también defendió el conjunto del paquete legislativo y señaló que "debe quedar claro que este proyecto del Pacto Histórico no va a renunciar a sus compromisos programáticos. Por eso, hoy hemos radicado unos proyectos que van a colocar en el debate para conocer las posturas del nuevo Gobierno frente a los derechos adquiridos".
El Ministerio de Vivienda también radicó una ley de gestión comunitaria del agua, que otorga reconocimiento jurídico y protección patrimonial a los acueductos comunitarios y a las organizaciones étnico-territoriales que administran el recurso en zonas rurales y periurbanas, con subsidios estatales directos para esas redes.
Prohibición del fracking
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, radicó el proyecto que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos mediante yacimientos no convencionales y técnicas de fracturación hidráulica en todo el territorio, con el que busca impedir que el Gobierno de De la Espriella inicie pilotos de esta técnica para la búsqueda de petróleo y gas.
"Primero es el agua, primero es la vida. No es una consigna vacía: es una conclusión respaldada por la ciencia", dijo Vélez.
Regulación de la inteligencia artificial
El Ministerio de Ciencias reexpidió el proyecto que busca regular el desarrollo de la inteligencia artificial bajo un marco de derechos humanos, con disposiciones sobre soberanía de datos e infraestructura técnica, incluidos los centros de datos.
La ministra Yesenia Olaya explicó que la norma busca "que su adopción y adaptabilidad a la sociedad colombiana se garantice en el marco de los derechos humanos y la soberanía nacional de datos".
El Pacto Histórico llega a esta legislatura como la bancada más grande de un Congreso fragmentado, pero con apenas 26 de los 103 senadores y 41 de los 182 representantes a la Cámara, una proporción que hace improbable la aprobación de los ocho proyectos.
El partido de izquierda ya sufrió una derrota en la primera sesión del nuevo Congreso, cuando no logró imponer su candidato a la presidencia del Senado, cargo que terminó en manos de Honorio Henríquez.
El paquete radicado queda ahora bajo el trámite de un Congreso en el que el presidente electo tampoco tiene mayorías aseguradas, y donde deberá negociar comisión por comisión el futuro de una agenda que apunta, en sentido contrario, a la que De la Espriella ha anunciado para su primer año de Gobierno.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué proyectos de ley radicó el Pacto Histórico en el Congreso?
El Pacto Histórico radicó ocho proyectos: reforma tributaria, Estatuto del Trabajo, reforma a la salud, educación superior, jurisdicción agraria, prohibición del fracking, regulación de la IA y gestión comunitaria del agua.
¿Cuánto busca recaudar la nueva reforma tributaria de Petro?
La reforma tributaria radicada por el ministro Germán Ávila busca recaudar 21,9 billones de pesos en 2027 y hasta 37 billones en 2030.
¿Qué cambios propone de nuevo la reforma a la salud de Petro?
La reforma insiste en eliminar la intermediación financiera de las EPS, prohibir la integración vertical y establecer el giro directo de recursos a clínicas y hospitales.
¿Es improbable que se aprueben las reformas del Pacto Histórico?
Porque la bancada solo tiene 26 de los 103 senadores y 41 de los 182 representantes en el nuevo Congreso, insuficientes para sacar adelante los ocho proyectos.