El Pacto Histórico expresó su respaldo a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social, decretada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Con esta medida, el Ejecutivo busca adoptar acciones urgentes para atender la situación fiscal y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.
En un comunicado, la colectividad señaló que su apoyo es pleno y responsable y precisó que la declaratoria tendrá una vigencia de 30 días. Según indicó, el objetivo es financiar el Presupuesto General de la Nación y proteger derechos fundamentales, en un contexto que, a su juicio, no podía resolverse mediante los mecanismos ordinarios previstos en la ley.
¿Por qué el Pacto Histórico respalda el Estado de Emergencia Económica?
El movimiento político sostuvo que la declaratoria responde a una crisis fiscal estructural, a riesgos para la sostenibilidad macroeconómica y a amenazas directas sobre derechos esenciales. Estas circunstancias, según argumenta, justifican el uso de las facultades excepcionales contempladas en la Constitución.
De acuerdo con el Pacto Histórico, la coyuntura fiscal se agravó tras el archivo de la Ley de Financiamiento de 2025 en el Congreso, lo que habría generado un desfinanciamiento del Presupuesto General de la Nación para 2026.
En el comunicado se advierte que más del 93 % del presupuesto es inflexible, debido a compromisos como deudas heredadas, obligaciones judiciales y gastos ineludibles en salud, subsidios de energía para hogares populares, seguridad y atención de desastres.
¿Qué implicaciones fiscales y sociales advierte el movimiento político?
La colectividad afirmó que este escenario puso en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales y la garantía de derechos fundamentales como la salud, la seguridad social y el acceso a la energía. Además, advirtió que la ausencia de una respuesta oportuna habría tenido consecuencias irreversibles para el país.
En este contexto, el Pacto Histórico exhortó a la Corte Constitucional a evaluar la procedencia y necesidad de la declaratoria, al considerar que la rigidez normativa y la insuficiencia de los mecanismos ordinarios impedían una respuesta eficaz frente a la crisis fiscal.
El movimiento también destacó que el Gobierno optó por no trasladar el ajuste fiscal a la ciudadanía ni recortar la inversión social, con el fin de preservar la estabilidad de los servicios públicos esenciales.
Finalmente, el Pacto Histórico reafirmó su compromiso con una salida democrática y constitucional, orientada a la protección social, y con un Estado que garantice derechos y actúe con responsabilidad fiscal frente a la coyuntura económica que atraviesa el país.