El presidente Gustavo Petro anunció un nuevo movimiento en el manejo del sistema de salud en el país, al designar al médico Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS.
La decisión fue dada a conocer a través de las redes sociales de la Presidencia de la República y se enmarca en el proceso de intervención que adelanta el Gobierno sobre la EPS más grande del país.
Esta designación llega en un momento crítico para Nueva EPS, que desde abril de 2024 fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, en una de las determinaciones más relevantes recientes dentro del sistema de salud colombiano.
¿Quién es y que experiencia tiene el ahora interventor de la Nueva EPS?
Jorge Iván Ospina Gómez es médico cirujano y una figura con amplia trayectoria en el sector público y en la política colombiana, especialmente en Cali.
Se formó en el Instituto de Ciencias Médicas “Victoria de Girón”, en La Habana, Cuba, y cuenta además con una especialización en Gestión de la Salud de la Universidad Icesi.
En el campo profesional, ha tenido experiencia en la administración hospitalaria. Fue director del Hospital Carlos Holmes Trujillo y lideró en dos ocasiones el Hospital Universitario del Valle, uno de los centros médicos más importantes del suroccidente del país.
En la vida política, ha ocupado cargos de alto nivel. Fue alcalde de Cali en dos periodos, entre 2008 y 2011, y más recientemente entre 2020 y 2023, una administración marcada por desafíos como la pandemia y el estallido social.
Ospina fue senador entre 2014 y 2018 por parte de la Alianza Verde, un partido que incluso llegó a presidir.
Más recientemente, en 2025, fue designado como embajador de Colombia ante el Estado de Palestina, convirtiéndose en el primero en ocupar ese cargo. Ahora asume el reto de liderar la intervención de la Nueva EPS en un momento clave para el sistema.
La intervención de la Nueva EPS viene desde el 2024
Según el Gobierno nacional, la intervención a la Nueva EPS se produjo por una combinación de factores que encendieron las alertas sobre el funcionamiento de la entidad.
En primer lugar, se identificó una situación financiera crítica, con incumplimientos en indicadores clave como el patrimonio y las reservas técnicas, además de cuestionamientos sobre la transparencia en sus estados financieros.
A esto se sumó un problema aún más sensible: el deterioro en la atención a los usuarios.
Las cifras evidencian un aumento significativo en las quejas luego de la toma forzosa. Mientras en 2024 se registraban cerca de 358 mil reclamaciones, para 2025 la cifra superó las 518 mil, lo que refleja dificultades en aspectos fundamentales como la asignación de citas médicas, la entrega de medicamentos y la autorización de servicios.