El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli Arteaga, advirtió en entrevista con el noticiero de La FM Mediodía sobre las consecuencias que tendría para las víctimas, los comparecientes y el sistema de justicia transicional un eventual recorte al presupuesto de la entidad para 2027.
Durante la entrevista, Ramelli aseguró que la propuesta presupuestal contempla una reducción que, según sus cálculos, alcanzaría los $185.000 millones, una cifra que afectaría directamente el funcionamiento de la JEP y actividades consideradas esenciales, como las audiencias y los esquemas de protección.
Presidente de la JEP explica el papel de la Jurisdicción
Ramelli defendió el trabajo desarrollado por la JEP desde su creación y señaló que el tribunal ha permitido esclarecer hechos relacionados con el conflicto armado que durante años permanecieron en la impunidad. “Es un tribunal importante porque le está dando respuestas a Colombia, a la comunidad internacional y a miles de víctimas sobre hechos que habían permanecido en la más completa impunidad”, afirmó.
El presidente de la JEP destacó además la investigación de patrones de macrovictimización relacionados tanto con integrantes de la Fuerza Pública como con las extintas FARC. “Hemos revelado patrones de macrovictimización tanto de fuerza pública como de las FARC, donde la impunidad era galopante”, sostuvo Ramelli.
Según explicó, uno de los principales aportes de la Jurisdicción ha sido avanzar en el esclarecimiento de hechos y responsabilidades de altos mandos, además de contribuir a que las nuevas generaciones comprendan las dinámicas del conflicto armado colombiano.
¿Qué pasaría con el presupuesto de la JEP?
Frente al posible recorte presupuestal para 2027, Ramelli explicó que los primeros $85.000 millones que faltarían en la financiación afectarían directamente actividades como la realización de audiencias y la protección de víctimas y comparecientes.
“Los primeros 85.000 afectan directamente la realización de audiencias, la protección de víctimas y comparecientes, los esquemas de protección que requieren las víctimas y los testigos”, explicó. A esto se sumarían otros $100.000 millones relacionados con gastos de funcionamiento, incluidos bienes y servicios. De acuerdo con el magistrado, una reducción de ese tamaño comprometería incluso la seguridad de los funcionarios y la continuidad física de la sede.
“Entonces, pues sería una corte en internet, ¿no? Que no tendríamos ni siquiera sede”, manifestó.
Ramelli advierte por un eventual cierre de la JEP
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la posibilidad de que la JEP deje de funcionar. Ramelli señaló que esta situación podría tener consecuencias en el ámbito de la justicia internacional.
El presidente de la Jurisdicción recordó que el examen preliminar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantenía abierto sobre Colombia desde 2004 fue cerrado en 2021, pero de manera condicionada al funcionamiento de la justicia transicional. “Si acaban la JEP, pues van a acabar todos en la Corte Penal Internacional”, afirmó.
Ramelli agregó que esa eventualidad podría cobijar tanto a integrantes de la Fuerza Pública como a exintegrantes de las FARC involucrados en crímenes graves.
“También terminarían. Entonces, ¿van a acabar con el proceso de paz? ¿Van a mandar a los miembros de la fuerza pública a la inseguridad jurídica? Es una gran irresponsabilidad lo que están haciendo y hay que decirlo claramente”, cuestionó.
Pérdida de beneficios de la justicia transicional
El magistrado explicó que uno de los elementos centrales de la justicia transicional es que quienes participaron en delitos graves puedan aportar verdad y someterse a un régimen de sanciones propio del sistema.
Según Ramelli, si la JEP desaparece, los responsables de crímenes de lesa humanidad podrían enfrentar procesos en escenarios internacionales sin los beneficios propios de la justicia transicional.
“Si se acaba la JEP, tienen que ir a la Corte Penal Internacional a responder por delitos graves que no tienen beneficios”, señaló.
JEP investiga violencia sexual y reclutamiento
Durante la entrevista también se abordó el macrocaso 11, relacionado con violencia basada en género, violencia sexual y otros hechos ocurridos durante el conflicto armado.
Ramelli recordó que la JEP citó al último secretariado de las FARC, incluidos Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, para responder por políticas relacionadas con la vida dentro de las filas de la organización entre 1990 y 2015.
El caso incluye investigaciones sobre abortos, violencia sexual y otras formas de violencia contra mujeres y niñas.
Finalmente, al ser consultado sobre una comunicación directa con el presidente de la República, Abelardo De la Espriella, Ramelli aseguró que envió una carta al mandatario, pero no recibió respuesta: “Yo le mandé una carta que nunca me contestó. ¿Qué puedo hacer?”.