Durante el Congreso Nacional de Municipios que se desarrolla en Cartagena, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de Estado regional que otorgue mayor autonomía administrativa y financiera a los territorios.
El jefe del Ministerio Público aseguró que el modelo centralista ha agotado su ciclo y mantiene una deuda histórica con las regiones. En ese sentido, afirmó que la Constitución de 1991 se quedó corta al momento de interpretar las necesidades de los territorios y al establecer mecanismos efectivos para reducir las brechas entre el centro del país y las provincias.
El procurador propuso superar lo que denominó un esquema de “aldeas aisladas” y avanzar hacia modelos de Ciudad-Región, similares a los implementados en Europa, Asia y Norteamérica, con el objetivo de fortalecer la competitividad territorial y permitir que las áreas metropolitanas tengan mayor capacidad de gestión.
Según explicó, este proceso requiere un ordenamiento jurídico distinto que permita romper con la burocracia tradicional y facilite la articulación entre municipios que comparten dinámicas económicas y sociales.
En materia financiera, Eljach insistió en la necesidad de garantizar una autonomía real para las entidades territoriales mediante una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). A su juicio, los recursos no deberían seguir concentrados en los ministerios mientras los alcaldes enfrentan dificultades para atender necesidades básicas en sus comunidades.
El procurador aseguró que el nuevo Gobierno y el Congreso que se posesionarán próximamente tendrán la responsabilidad de reglamentar el acto legislativo que busca fortalecer las transferencias a los territorios, y anunció que desde la Procuraduría hará seguimiento estricto a ese proceso para evitar que la norma quede sin aplicación.
“El desarrollo del país nace en sus costas, fronteras y municipios”, afirmó ante cientos de alcaldes reunidos en el evento.
Balance de paz electoral
Durante su intervención, el procurador también destacó el balance positivo del programa de paz electoral implementado durante las elecciones legislativas.
Eljach aseguró que más de 12.000 servidores públicos participaron en la vigilancia del proceso electoral en todo el país, con el acompañamiento de alcaldes, concejales, personeros, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Según el jefe del Ministerio Público, no se registraron incidentes graves que pusieran en riesgo la transparencia de las votaciones ni del proceso de escrutinio.
El procurador también señaló que, pese a algunos mensajes difundidos en redes sociales que buscaban generar desconfianza, el proceso se desarrolló con normalidad y dentro de los parámetros de la legislación electoral.
Además, destacó que la participación ciudadana superó el 50 % del censo electoral, lo que permitió derrotar por primera vez la abstención en elecciones legislativas.
Finalmente, Eljach aseguró que el programa de paz electoral se reactivará para las próximas elecciones presidenciales, con el objetivo de garantizar que los colombianos puedan acudir nuevamente a las urnas en un ambiente de tranquilidad institucional.