La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en un contrato por 10.000 millones de pesos suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), luego de las denuncias relacionadas con la defensa jurídica del presidente Gustavo Petro tras su inclusión en la denominada lista Clinton.
La decisión quedó consignada en un auto fechado el 15 de enero de 2026, mediante el cual la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal inició actuaciones con el fin de identificar o individualizar a los posibles responsables disciplinarios vinculados al proceso contractual.
El contrato investigado corresponde al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026, firmado el 9 de enero de 2026 con la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited, bajo la modalidad de contratación directa y con cargo al Presupuesto General de la Nación.
La indagación se originó tras una denuncia pública y una queja disciplinaria presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien cuestionó el uso de recursos públicos para un servicio jurídico relacionado con un proceso de carácter personal del mandatario.
“Radicamos formalmente una solicitud ante la Contraloría y ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue el contrato por 10.000 millones de pesos suscrito para la defensa del presidente Gustavo Petro frente a un proceso personal relacionado con la llamada lista Clinton”, indicó la congresista.
El objeto del contrato consiste en la asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional orientada al análisis del régimen de sanciones financieras aplicado por autoridades extranjeras, así como a la elaboración de conceptos técnicos y recomendaciones estratégicas.
No obstante, la queja señaló que los productos exigidos se concentraron en conceptos y reuniones“sin que se establezcan resultados verificables, indicadores de impacto ni entregables con efectos jurídicos concretos”, lo que generó dudas sobre la necesidad y proporcionalidad del gasto público comprometido.
La representante Miranda también sostuvo que “los recursos públicos no pueden utilizarse para defender intereses personales del presidente Gustavo Petro”, y advirtió sobre un posible detrimento patrimonial y la eventual vulneración de los principios de la contratación estatal. En el documento se mencionó, además, que el contrato no exigió garantías de cumplimiento, pese a tratarse de una cuantía elevada, circunstancia que incrementó el riesgo fiscal para el Estado.
En sus consideraciones, la Procuraduría explicó que la indagación previa constituye una etapa inicial destinada a esclarecer si se presentaron irregularidades en la fase de planeación y ejecución del contrato. Para tal fin, ordenó la práctica de pruebas documentales, entre ellas la solicitud de estudios previos, la minuta contractual, los entregables, las hojas de vida de los funcionarios intervinientes y el manual de contratación del DAPRE.