La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió una investigación disciplinaria contra Antonio Calvo Gómez, presidente del consejo disciplinario del Partido de la U, por la suspensión que la colectividad le impuso al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.
El vallecaucano recibió una medida provisional que lo dejó tres meses sin voz ni voto por haber fundado en el suroccidente del país 'La Nueva U', una corriente opositora a la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien tiene en el partido su propia rama, a la que llama 'Nueva Generación'.
A través del comité de ética, la colectividad arrancó una investigación disciplinaria interna contra López, y el 28 de octubre se comprometió a recabar pruebas que en treinta días determinaran si lo sanciona definitivamente. El congresista protestó amarrándose a su curul en la plenaria de la Cámara.
El 11 de noviembre, dos semanas después de asegurar que no presidiría la corporación mientras afinaba su defensa jurídica, López anunció su regreso a las discusiones en el Congreso tras un supuesto levantamiento de la suspensión. La U, por su parte, aseveró que la medida seguía vigente.
Julián López impugnó la decisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El tribunal político recibió el expediente el 5 de noviembre. Nueve días después, el representante radicó junto a su abogado, Mauricio Pava, una queja disciplinaria en la Procuraduría.
La investigación de la Procuraduría en el Partido de La U
El Ministerio Público emitió un auto el primero de diciembre abriendo la investigación contra Calvo. El trámite implicó decretar varias pruebas, entre ellas la versión libre del jefe del comité disciplinario de La U. López, entretanto, sigue presidiendo la Cámara.
La Procuraduría certificó la apertura del proceso en un documento de once páginas que le envió al Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá, que analiza desde el 28 de noviembre una tutela que López y Pava presentaron contra el partido para proteger sus derechos políticos.
"Estamos muy complacidos con el avance que ha tenido el caso en la Procuraduría General, porque por primera vez interviene, vigila y asume competencia" para evaluar el procedimiento interno de un partido, afirmó Pava, quien asesora a López junto al exmagistrado Alberto Yepes.
Además del proceso disciplinario, la Procuraduría le asignó a su Delegada para Asuntos Electorales una solicitud que el equipo de López radicó el primero de diciembre previendo que La U, según las denuncias de Julián López, tendría pensado negarle el aval para las elecciones de 2026.
"Esperamos que en el Partido de La U no vayan a ser, digamos, autoritarios, y que entreguen el aval sin ningún problema. De no ser así, quedará evidenciado cómo el Partido y Dilian Francisca Toro cierran las puertas democráticas a la participación política", expresó López.