No hay duda de que en Colombia habrá un cambio de gobierno. La mudanza, sin embargo, dejó de lado las formalidades y los protocolos para darle espacio a las sillas vacías y las acusaciones mutuas. La llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño provocó convulsión en las instituciones.
La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, las entidades que conforman el más alto nivel del Ministerio Público —un organismo autónomo que busca defender los derechos de la sociedad en general—, le hacen frente al espasmo. Mientras, los protagonistas buscan imponer sus narrativas.
El presidente saliente, Gustavo Petro, desconoce a Abelardo de la Espriella como ganador de los comicios presidenciales de 2026. Desde antes de que la ciudadanía acudiera a las urnas masivamente, con las cifras más altas de participación en la historia de la jornada, divulgó el relato de un fraude.
Dos semanas después de la segunda vuelta de las elecciones, y once días después de que el penalista recibiera del Consejo Nacional Electoral (CNE) la credencial que lo ratifica como sucesor de Petro, el jefe de Estado saliente publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, su canal de comunicación más habitual.
“Abelardo no ganó las elecciones”, escribió. Había llegado recientemente a Colombia después de un viaje por Europa en el que rechazó un aparente desplante de la presidenta Giorgia Meloni y celebró una reunión con el papa León XIV. En su ausencia, Germán Ávila cumplía funciones delegatarias y coordinaba el empalme.
El ministro de Hacienda se había encontrado la semana anterior dos veces con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, el coequipero de De la Espriella a quien el futuro mandatario le ha concedido omnipotencia durante la muesca. El Ejecutivo entrante decidió suspender las sesiones ante los señalamientos de Petro.
La Procuraduría recuerda las reglas que rigen la transición de gobierno
La contraparte de la administración rebaba tiene siete alertas por las que promete recabar más información de la oficial, como la crisis fiscal y la deuda del país, la amenaza de racionamiento o apagones, el trance de la salud o los acuerdos con grupos armados en el marco de la política de ‘Paz Total’.
Ante el quiebre, Ávila pidió no cometer “el error de hacer incómoda y hasta inviable la actividad” de las comisiones de empalme. Después de la suspensión, que parece que ambos gobiernos planeaban, plantea desarrollar una serie de reuniones grabadas con asientos desocupados que blinde la rendición de cuentas.
El punto es que la transición ha reflejado diferencias irreconciliables. El procurador general, jefe del Ministerio Público, llamó a que se lleve a cabo “con prontitud, con respeto recíproco por todos los participantes y atendiendo la brevedad de los términos”. Además, pidió que todos los sectores políticos superen la polarización.
“Los servidores públicos están obligados a entregar, mediante acta de informe de gestión, los asuntos y recursos a su cargo”, señaló el exsecretario del Senado, refiriéndose a Gustavo Petro y su gobierno. Abelardo de la Espriella, por su parte, “está obligado a recibir el informe y a revisar su contenido”.
Todo el empalme está reglamentado. Hay leyes que establecen cómo es el reporte formal de los bienes y recursos a cargo de funcionarios, cuáles son las garantías de continuidad administrativa y quiénes son responsables de rendir cuentas. En síntesis, se trata de un proceso de intercambio de información.
La Defensoría pide respetar los resultados de las elecciones y retomar el diálogo
La sucesión, entonces, “debe realizarse en completa paz y armonía, por respeto a nuestras instituciones y a cada ciudadano y ciudadana que depositó en las urnas su fe en la democracia”, remarcó Eljach. De la Espriella asumirá sus funciones el 7 de agosto, y a partir de allí la oposición “cumplirá su papel”.
El excandidato presidencial Iván Cepeda ha mostrado en buena medida cómo será el tono de la oposición. Aunque recién terminó el escrutinio prometió una izquierda serena y presente en los territorios ante la derecha que representa De la Espriella, la alegada defensa de los derechos lo llevó a endurecer su discurso.
Por ejemplo, condicionó su reconocimiento a De la Espriella como presidente a que renuncie a su nacionalidad estadounidense y aclare sus vínculos con el testaferro Alex Saab, de quien fue abogado entre 2013 y 2021. Y el 8 de julio aseguró que las decisiones del próximo presidente configuran “un gobierno paramilitar”.
Iris Marín, la defensora del pueblo, no duda en desmarcarse. La jefa de la Defensoría señaló que tanto el desconocimiento de los resultados de las urnas —ya corroborados en una credencial que el Pacto Histórico intentará anular— como la interrupción del empalme “generan una tensión institucional que debe superarse”.
“Reiteramos la obligación del gobierno actual, y de los sectores políticos que lo han apoyado, de respetar los resultados electorales”, expresó la constitucionalista en un video que la Defensoría divulgó. E instó al gobierno entrante y al saliente a que “restablezcan las condiciones necesarias” para un empalme respetuoso.
Las diferencias en el empalme reflejan una transición marcada por la desconfianza
Antes de la arritranca a las sesiones del empalme, había un primer consenso entre los gobiernos, grabar las sesiones del empalme, si bien previamente parecía haber un acuerdo que, con el tiempo, dejó de ser tan tácito: los presidentes, el que dejará la Casa de Nariño el 6 de agosto y el que empezará su mandato el 7, no se encontrarán.
José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo y coordinador del proceso por parte del próximo Ejecutivo, lo dejó claro en una declaración a la prensa antes de la primera reunión de las comisiones nacionales. “No existe ninguna posibilidad de reunión”, zanjó junto a una buena fracción de su equipo.
Lo acompañaban Elsa Noguera, la exgobernadora del Atlántico que será ministra de Transporte; la creadora de contenido Jerome Sanabria, quien saltó a la fama al oponerse a la reforma pensional del gobierno de Petro; María Isabel Campo, excandidata a la Alcaldía de Valledupar, y Carolina Restrepo, excandidata al Senado.
Sostuvo que no quería que las reuniones grabadas o transmitidas se convirtieran en “un show mediático”. En el palacio presidencial el ministro Germán Ávila lo acusó de desviarse de esa postura, y evadió las siete alertas del gobierno entrante, cuyo plan era analizar la información entregada por el saliente hasta el 21 de julio.
Restrepo y Ávila ofrecieron sendas ruedas de prensa con contrastes claros. El vicepresidente electo tuvo un micrófono modesto con la imagen de la bandera de Colombia, emblema de la campaña, a sus espaldas. El ministro de Hacienda optó por el atril presidencial, para tachar de “bastante deficiente” el trabajo de su contraparte.
“Ningún interés político puede estar por encima de la Constitución, de las instituciones democráticas ni de los derechos humanos de más de cincuenta millones de personas que habitan Colombia”, zanjó a su vez la defensora Marín. Las sillas vacías del empalme simbolizan más que una ausencia: el punto de partida de una convivencia política rota.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué intervinieron la Procuraduría y la Defensoría en el empalme entre Petro y De la Espriella?
Ambas entidades del Ministerio Público pidieron proteger la institucionalidad ante el deterioro del proceso de transición. La Procuraduría recordó las obligaciones legales que tienen el gobierno saliente y el entrante durante el empalme, mientras que la Defensoría instó a respetar los resultados electorales y restablecer el diálogo entre las partes.
¿Qué originó la crisis en el proceso de empalme entre los dos gobiernos?
La tensión escaló después de que el presidente Gustavo Petro desconociera públicamente el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella. Tras esos pronunciamientos, el equipo del mandatario electo suspendió las reuniones del empalme, profundizando una transición marcada por la desconfianza y las acusaciones cruzadas.
¿Qué obligaciones recordó la Procuraduría sobre la transición presidencial?
El procurador general enfatizó que los funcionarios salientes deben entregar formalmente los informes de gestión, bienes y recursos del Estado, mientras que el gobierno entrante tiene el deber de recibir y revisar esa información. El Ministerio Público insistió en que el empalme es un mandato legal y no una decisión política discrecional.
¿Qué pidió la Defensoría del Pueblo frente a la situación política?
La defensora Iris Marín exhortó al gobierno de Gustavo Petro, al equipo de Abelardo de la Espriella y a los sectores políticos que los respaldan a respetar el resultado de las elecciones y reactivar las condiciones para un empalme institucional. Advirtió que ninguna diferencia política puede estar por encima de la Constitución, la democracia y los derechos de los colombianos.