La Procuraduría General de la Nación suspendió a la presidenta de la Comisión de Acusación, la representante Gloria Arizabaleta, por presunto prevaricato, tras haber ordenado la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.
En la víspera, la congresista —que llegó al Legislativo con el Pacto Histórico y luego se distanció de la colectividad— firmó un auto que ordenaba apartar del cargo al jefe de Estado, de manera provisional, hasta las cuatro de la tarde del 21 de junio, después de la segunda vuelta presidencial.
Arizabaleta tenía facultades, como representante investigadora, para suspender al presidente como aforado constitucional, porque la Comisión de Acusación es la única entidad competente para procesar al presidente de la República.
Pero, como en el derecho disciplinario, la medida debe ser aprobada por la sala instructora, que en ese caso es la Comisión de Acusación en pleno, en la que es casi imposible alcanzar un quórum para sesionar o votar.
La representante tuvo que modificar su auto, precisamente para incluir el trámite automático de consulta que la Comisión debe agendar, aunque no lo hará a tiempo: las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 20 de junio, y un mes después se posesiona el nuevo Legislativo.
Gloria Arizabaleta estará suspendida todo ese tiempo. Sin la presidenta y sin quórum suficiente, la petición de suspender al presidente Gustavo Petro por sus trinos y discursos a favor del candidato oficialista, Iván Cepeda, no producirá ningún efecto jurídico.
Lo que queda es una andanada de denuncias en investigaciones por supuesto prevaricato. Antes de la suspensión de la Procuraduría, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le asignó por reparto al magistrado Misael Rodríguez una denuncia contra Arizabaleta por ese delito.
Para la Procuraduría, la representante pudo haber incurrido en prevaricato, tras ordenar una medida cautelar “sin acreditar el análisis de los requisitos para la procedencia” ni enviar el auto al grado de consulta.
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