Proyecto sobre consumo de cannabis en Bogotá queda en la mira por presuntos vicios jurídicos y choque de enfoques

Regulación del cannabis en Bogotá genera choque entre enfoque prohibicionista y libertades.
Personas trabajando con cannabis medicinal en el Eje Cafetero Crédito: Suministrada a RCN Radio

En Bogotá se advierte por lo que serían posibles vicios jurídicos en la unificación del proyecto de acuerdo “Por medio del cual se establecen espacios para el consumo de cannabis sativa en el Distrito Capital y acompañamiento en salud pública".

La advertencia fue realizada por el concejal José Cuesta Novoa, quien dejó constancia pública en la más reciente sesión plenaria del Concejo, sobre la improcedencia jurídica y democrática de la unificación del proyecto de acuerdo que además es de su propia autoría.

Una iniciativa que según explicó, es de carácter antiprohibicionista y que fue acumulada “con propuestas de naturaleza prohibicionista, desconociendo el principio deliberativo del cabildo distrital y afectando los derechos constitucionales de las personas consumidoras de cannabis en la ciudad”.

Una advertencia desde el inicio del proyecto

Tras conocerse estos posibles vicios jurídicos, se explicó que, desde la discusión inicial del proyecto, hace unos meses, “se advirtió que la regulación debía partir de la realidad social evidenciada por cifras oficiales de la Secretaría Distrital de Salud, según las cuales más de 500 mil bogotanos consumen cannabis”.

En esa misma línea se explica que el tema puntual del consumo de cannabis no puede abordarse mediante enfoques punitivos ni posturas morales restrictivas, sino a través de lo que se define como las políticas públicas basadas en educación, salud pública, convivencia ciudadana y garantía de derechos fundamentales.

Según el concejal Cuesta Novoa, su proyecto fue estructurada bajo un enfoque antiprohibicionista “orientado a armonizar derechos constitucionales, priorizando la protección de niños, niñas y adolescentes sin desconocer las libertades individuales consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política”.

Un enfoque que según describe Cuesta Novoa “se sustenta en la Sentencia C-127 de 2023 de la Corte Constitucional, la cual ordena a las autoridades territoriales desarrollar regulaciones que equilibren derechos en el espacio público, evitando medidas de prohibición absoluta”.

El inicio del problema que origina la advertencia

A pesar de la diferencia de enfoque y durante su trámite en la Comisión de Gobierno, que se dio pese a la solicitud expresa de retirar la iniciativa de la acumulación, se decidió unificar el proyecto con propuestas de contenido diametralmente opuesto. Una decisión que se da aun cuando no existe identidad material ni coherencia normativa entre ellas.

“Desde una perspectiva técnico-legislativa, esta decisión resulta improcedente, pues impone una ponencia homogenizante que desnaturaliza el debate democrático, limita la expresión de posiciones minoritarias y desconoce el pluralismo político que debe orientar la función normativa del Concejo”, incluyó el concejal en su argumento de advertencia.

Así mismo, el concejal advirtió que la medida constituye “un uso indebido de las mayorías para restringir la deliberación pública y solicitó formalmente que su proyecto sea devuelto a comisión, al considerar arbitrario fusionar iniciativas incompatibles en una discusión de alta sensibilidad social” y tal como lo expresó en plenaria, “no resulta jurídicamente razonable juntar peras con manzanas” y mucho menos cuando se trata de modelos regulatorios sustancialmente distintos.