En el Congreso de la República ya fue radicado oficialmente el proyecto de ley con el que se pretende derogar la política de “paz total” implementada por el saliente gobierno de Gustavo Petro.
La iniciativa, de autoría del representante a la Cámara Simón Molina, deroga algunos artículos de la ley 2272 del 2022, que permite los diálogos con grupos armados de carácter político, además de acercamientos y conversaciones con grupos armados ilegales organizados de alto impacto.
Sometimiento a la justicia
La iniciativa establece en uno de sus artículos que estas organizaciones criminales no podrán gozar de beneficios y que cualquier “levantamiento o suspensión de órdenes de captura, medidas de aseguramiento o penas privativas de la libertad de miembros de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, solo podrá proceder cuando exista una ley de sometimiento a la justicia previa que defina condiciones de verdad, reparación y penas privativas de la libertad efectivas”.
Prohíbe el tratamiento político de criminales
El texto propuesto también establece una prohibición de tratamiento político a las estructuras criminales, razón por la cual “las autoridades del Ejecutivo no podrán reconocer estatus político, ni otorgar beneficios propios de procesos de paz, a organizaciones que no tengan un origen y naturaleza de carácter político-militar conforme al Derecho Internacional Humanitario”.
Además, advierte que el sometimiento de los grupos criminales solo podría darse en el marco “de la justicia ordinaria o el que determine el legislador para tal fin”.
Suspensión de diálogos
La ley también ordena la suspensión inmediata de los procesos de paz que haya en curso con estas organizaciones ilegales. “Todos los acercamientos, conversaciones, diálogos o procesos de sometimiento con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que se encuentren en curso bajo el amparo de la Ley 2272 de 2022, quedarán suspendidos de pleno derecho”, indica la iniciativa.
Órdenes de captura
Uno de los puntos cruciales de este proyecto es la reactivación inmediata de las órdenes de captura de los integrantes de los grupos armados organizados y la instrucción a las autoridades judiciales para perseguirlos y aprehenderlos.
“La suspensión o terminación de los procesos de que trata este artículo conlleva a la reactivación inmediata de todas las órdenes de captura, medidas de aseguramiento y penas privativas de la libertad que hubieren sido suspendidas en favor de los miembros o voceros de dichas estructuras. Las autoridades judiciales y de policía deberán proceder a su ejecución sin necesidad de requerimiento adicional”, señala otro de los artículos.
El proyecto comenzará su trámite en el Congreso de la República en los próximos días y no se descarta que haya un respaldo de parte del nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella que comenzará este 07 de agosto.