El debate sobre la posibilidad de que los militares y policías activos puedan ejercer el derecho al voto volvió a la agenda política del país. Durante el segmento Rounds FM de La FM, el senador Germán Rodríguez, del Movimiento de Salvación Nacional, defendió el proyecto de acto legislativo que presentará ante el Congreso, mientras que Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), expresó sus reparos por los riesgos que, a su juicio, tendría la iniciativa para la democracia y la institucionalidad.
El espacio, moderado por el periodista Juan, abordó los argumentos a favor y en contra de una reforma constitucional que modificaría el artículo 219 de la Constitución para permitir que los integrantes activos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional participen en las elecciones.
El proyecto busca restablecer un derecho suspendido desde 1932
Al explicar el alcance de la propuesta, el senador Germán Rodríguez aseguró que los uniformados no deberían ser considerados "ciudadanos de segunda" y recordó que los militares y policías activos no votan en Colombia desde 1932. "Los militares activos y policías son ciudadanos, no son ciudadanos de segunda", afirmó Rodríguez, quien sostuvo que el objetivo del proyecto es reconocerles un derecho político sin permitir que participen en actividades partidistas o de proselitismo.
El congresista insistió en que la iniciativa no busca politizar las instituciones armadas. "No se está diciendo que van a hacer política, ni que en los cuarteles militares van a ordenar votar por determinado candidato", explicó.
Además, argumentó que en la mayoría de países del mundo los integrantes de la Fuerza Pública pueden votar y señaló que, de aprobarse la reforma, su participación estaría limitada a las elecciones presidenciales y al Senado de la República.
La MOE advierte riesgos para la neutralidad institucional
Desde la otra orilla, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, sostuvo que el contexto colombiano obliga a analizar la propuesta con especial cautela. Según explicó, existen dos factores que diferencian a Colombia de otros países: la corrupción electoral y el conflicto armado.
"La primera distorsión es precisamente el tema de la corrupción", afirmó Barrios, quien advirtió que permitir el voto de los uniformados podría generar incentivos negativos relacionados con la compra de votos y afectar la neutralidad política que exige la Constitución.
La directora de la MOE añadió que el conflicto armado también representa un obstáculo para avanzar en este tipo de reformas. "Creo que no vale la pena hablar todavía de participación en política hasta que no finalice el conflicto en Colombia", señaló.
Cadena de mando y posibles presiones electorales
Uno de los principales puntos de preocupación expuestos por Barrios fue la estructura jerárquica de las Fuerzas Militares y de Policía. "La fuerza pública opera bajo una cadena de mando vertical y disciplinada", explicó, por lo que consideró indispensable que cualquier reforma establezca reglas claras para impedir presiones o interferencias sobre el voto de los cerca de 500.000 uniformados que integran estas instituciones.
Rodríguez coincidió en que no debe existir ningún tipo de coacción dentro de los cuarteles y reiteró que la actividad política continuaría prohibida para los militares y policías activos.
"Nunca se va a ver un batallón con un brazalete de un partido político", aseguró el senador, quien insistió en que los uniformados seguirán subordinados al poder civil y que el proyecto únicamente pretende restablecer un derecho ciudadano.
El impacto electoral de un bloque de 500.000 votantes
Barrios también alertó sobre el peso que tendría un nuevo bloque electoral conformado por aproximadamente 500.000 efectivos.
A su juicio, ese volumen de votantes podría incidir en elecciones cerradas para Congreso o Presidencia y generar incentivos para intentar captar ese electorado mediante promesas de ascensos, presupuestos o beneficios institucionales.
"Capturar ese electorado podría generar que la ciudadanía empiece a ver una participación activa de la fuerza pública en el ejercicio electoral", advirtió.
Un debate que llegará al Congreso
En sus conclusiones, Rodríguez reiteró que numerosos países permiten el voto de sus Fuerzas Armadas sin afectar su profesionalismo ni su disciplina. Incluso mencionó casos como Cuba y Venezuela para sostener que el derecho al voto no implica politización de los cuerpos militares.
Por su parte, Alejandra Barrios insistió en que la prioridad debe ser preservar la neutralidad institucional de la Fuerza Pública y evitar que un bloque electoral de esa magnitud pueda verse influenciado por la cadena de mando o por incentivos políticos.
Con la radicación del acto legislativo anunciada por el senador Germán Rodríguez, el Congreso abrirá una discusión que enfrenta dos visiones: el reconocimiento de un derecho político para militares y policías activos, y la necesidad de proteger la independencia de la Fuerza Pública y la confianza en los procesos electorales.