El exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, salió a responder los supuestos hallazgos preliminares de la Contraloría de Antioquia, que señalan un presunto detrimento patrimonial de 108 mil millones de pesos por el cambio de contratistas en Hidroituango durante su administración. Quintero aseguró haber consultado a los funcionarios de carrera de EPM que estuvieron al frente del proceso y presentó sus conclusiones punto por punto.
El cambio de contratistas no fue una decisión, fue una obligación legal
Quintero fue enfático en aclarar que el cambio de contratistas en Hidroituango no obedeció a una decisión arbitraria de su administración, sino a una situación jurídica inevitable. Según explicó, a los contratistas anteriores simplemente se les venció el contrato y se agotó el objeto contractual, por lo que continuar con ellos habría constituido un delito por parte de los funcionarios de EPM, al modificar el objeto del contrato, algo expresamente prohibido por la ley.
"No obstante, hubo presiones para que se les prorrogara y no se aceptaron. Al parecer siguen las presiones que buscan favorecer a los contratistas de la catástrofe, hoy por medio de la Contraloría departamental", señaló Quintero.
El exmandatario también recordó que los contratistas anteriores están imputados por corrupción, por el colapso de la represa y por la pérdida de más de 20 billones de pesos, además de daños ambientales que calificó como todavía incalculables.
Los nuevos contratistas generaron ahorros de más de dos billones de pesos
Lejos de representar un perjuicio para EPM, Quintero sostuvo que el cambio de contratistas habría generado ahorros superiores a los dos billones de pesos en comparación con lo que cobraban los contratistas anteriores. Este argumento lo presentó como evidencia de que la decisión fue no solo legal sino también beneficiosa para la empresa y para el patrimonio público.
Frente al argumento central de la Contraloría de Antioquia, que señala que el detrimento de 108 mil millones provendría de no haber escogido la propuesta más económica, Quintero respondió que los proponentes descartados no fueron eliminados por capricho, sino por no superar el proceso de cumplimiento internacional, conocido como compliance, que identifica riesgos operativos, legales y actos de corrupción.
"El proponente descalificado estaba sancionado por el BID y la banca multilateral. Todo esto reposa en el expediente del proceso", precisó el exalcalde, en referencia a la documentación que, según él, respalda cada una de las decisiones tomadas durante el proceso de contratación.
Quintero acusa a la Contraloría de favorecer a los contratistas de la catástrofe
El exalcalde no ocultó su molestia frente a lo que calificó como una actuación políticamente motivada por parte de la Contraloría de Antioquia. Señaló directamente que ese organismo está controlado por el gobernador de Antioquia y cuestionó que el ente de control esté utilizando su facultad fiscalizadora para presionar en favor de los mismos contratistas vinculados al colapso de Hidroituango.
"No jueguen con la dignidad, el buen nombre y el futuro de los funcionarios de EPM y sus familias", advirtió Quintero en un tono directo y combativo, con el que cerró su pronunciamiento.
La Contraloría de Antioquia aún no ha entregado su respuesta formal a las afirmaciones del exalcalde. El hallazgo preliminar de 108 mil millones de pesos deberá surtir el proceso de contradicción establecido en la ley antes de convertirse en un fallo definitivo con responsabilidad fiscal.
Las tres preguntas claves para entender la noticia
¿Por qué se cambiaron los contratistas de Hidroituango durante la administración de Daniel Quintero?
Según Quintero, el cambio no fue una decisión sino una consecuencia legal: a los contratistas anteriores se les venció el contrato y se agotó el objeto contractual. Continuar con ellos habría implicado modificar el objeto del contrato, lo cual está legalmente prohibido. Además, esos contratistas están imputados por corrupción relacionada con el colapso de la represa y la pérdida de más de 20 billones de pesos.
¿En qué se basa la Contraloría de Antioquia para señalar un detrimento de 108 mil millones de pesos?
La Contraloría señala que el detrimento proviene de no haber seleccionado la propuesta más económica en el proceso de contratación. Sin embargo, Quintero respondió que los proponentes descartados no superaron el proceso de compliance internacional, que identifica riesgos operativos, legales y actos de corrupción, y que uno de ellos estaba sancionado por el BID y la banca multilateral.
¿Qué ahorros generó el cambio de contratistas en Hidroituango para EPM?
Quintero aseguró que el cambio de contratistas habría superado los dos billones de pesos en ahorros frente a lo que cobraban los contratistas anteriores, lo que convierte el hallazgo de la Contraloría en un argumento que, según él, no resiste el análisis frente a los beneficios reales que tuvo la decisión para el patrimonio de EPM.