El Gobierno Nacional presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado con el propósito de revertir la decisión judicial que suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, norma relacionada con la fijación del salario mínimo, al considerar que la medida cautelar adoptada por el alto tribunal excede sus límites legales y afecta el interés general.
La acción judicial fue interpuesta dentro del proceso promovido inicialmente por el ciudadano Carlos Francisco Soler Peña contra la Nación, representada por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
¿Quiénes interponen el recurso?
El recurso fue presentado de manera conjunta por representantes jurídicos del Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entre ellos figuran:
- Camila Andrea Bohórquez Rueda, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo.
- Leidy Katherine Gómez Buitrago, apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Jenire Carolina Salas Figueroa, representante jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia.
- Mariano Ezequiel Barros Rivadeneira, director de Defensa Jurídica Nacional.
Las entidades buscan que el Consejo de Estado revise el auto del 12 de febrero de 2026, notificado un día después, mediante el cual se ordenó la suspensión provisional del decreto y la adopción de una medida cautelar adicional.
¿Por qué el Gobierno pide revocar la decisión?
Según el recurso, la decisión judicial habría ido más allá del alcance permitido para las medidas cautelares, pues —a juicio del Ejecutivo— anticipa un análisis de fondo sobre la legalidad del decreto, algo que solo debería resolverse en la sentencia definitiva.
El Gobierno sostiene que las medidas cautelares tienen un carácter instrumental y provisional, es decir, buscan evitar perjuicios mientras avanza el proceso, pero no reemplazar temporalmente la regulación vigente ni modificar el contenido normativo.
En ese sentido, argumenta que ordenar la aplicación de un régimen transitorio equivale a sustituir el decreto suspendido, lo que generaría efectos similares a un fallo definitivo sin que aún exista una decisión de fondo.
Las pretensiones del recurso
Dentro del documento, las entidades estatales solicitan principalmente:
- Revocar completamente el auto que suspendió el Decreto 1469 de 2025.
- De manera subsidiaria, eliminar o modificar la orden que impone un régimen transitorio mientras se resuelve el proceso.
- Limitar cualquier medida cautelar a acciones de seguimiento o carácter informativo, sin intervenir en la regulación salarial.
Un debate con impacto económico nacional
El Gobierno advierte que el caso tiene una alta trascendencia jurídica y económica para el país, ya que el proceso aborda aspectos clave sobre la competencia del presidente para fijar el salario mínimo cuando no hay acuerdo en la Comisión de Concertación.
Además, la discusión incluye la forma en que deben equilibrarse criterios legales y principios constitucionales, como el derecho a un salario mínimo vital y móvil, así como el impacto macroeconómico de estas decisiones.
Según el recurso, la controversia no surge de una contradicción evidente con normas superiores, sino de un debate interpretativo que debe resolverse en el juicio principal y no mediante decisiones cautelares.
El trasfondo: salario mínimo con “salario vital”
El documento también introduce argumentos técnicos y económicos relacionados con la evolución del salario mínimo en Colombia. Allí se menciona que estudios académicos han advertido que, durante años, el crecimiento del salario mínimo habría estado por debajo de la productividad laboral, ampliando brechas en la distribución del ingreso.
Para el Gobierno, este contexto refuerza la necesidad de que la discusión sobre el decreto se resuelva mediante un análisis completo y no a través de medidas provisionales que, según sostiene, podrían alterar la política salarial antes de un fallo definitivo.
Mientras el Consejo de Estado estudia el recurso de súplica, la controversia jurídica continúa abierta y podría definir no solo el futuro del Decreto 1469 de 2025, sino también los límites del control judicial frente a decisiones económicas de alto impacto nacional.