El expresidente Gustavo Petro se pronunció luego de las revelaciones hechas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que confirmó las denuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, sobre supuestas presiones para lanzar acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe, contra el hoy presidente Abelardo De La Espriella y contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
El exmandatario negó haber impartido órdenes para que se declarara en contra de Uribe u otro dirigente y solicitó que se investiguen los hechos y se hagan públicas las pruebas sobre el funcionamiento de la mesa con antiguos comandantes de las autodefensas.
“No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”, manifestó Petro.
Defendió la creación y el funcionamiento de ese espacio, al asegurar que no operó de manera clandestina. Según explicó, la mesa de Valledupar quedó establecida mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, cuyo propósito era avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre de un proceso de paz que comenzó hace más de dos décadas.
Petro también señaló que esa resolución contempló la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo como invitados permanentes, con el objetivo de acompañar y vigilar las actividades desarrolladas en ese escenario.
A partir de ese argumento, el mandatario planteó varias preguntas sobre el papel de esas entidades y pidió que se esclarezca si fueron convocadas, si sus representantes asistieron y qué quedó consignado en las actas de las reuniones.
“Que se conozca todo. Que aparezcan las actas, las comunicaciones, las grabaciones y los nombres de quienes participaron”, expresó el expresidente, quien también cuestionó por qué, si alguien conoció una presunta presión indebida, no acudió inmediatamente a las autoridades.
Sostuvo que no necesita que se inventen acusaciones contra Uribe ni contra ninguna otra persona y afirmó que las víctimas del conflicto armado tienen derecho a conocer quiénes ordenaron las masacres, financiaron a los grupos paramilitares y se beneficiaron de sus crímenes.
En ese sentido, Petro advirtió que, si alguien utilizó un espacio destinado a la paz para presionar testimonios o fabricar acusaciones, debe responder ante la justicia. Sin embargo, sostuvo que también deben existir consecuencias si se le atribuye una orden que, según afirmó, nunca impartió.
“No se puede condenar a una persona porque un tercero diga que actuaba en su nombre. Las responsabilidades se demuestran con pruebas, no con rumores”, manifestó.