Ricardo Bonilla, doctor en Economía procesado por su presunto rol clave en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), tuvo un problema de salud en la guarnición militar en la que permanece detenido de forma preventiva.
El exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro padeció una descompensación por baja presión arterial este sábado, 20 de diciembre, día en el que del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) le asignó el Centro de Estudios Superiores de la Policía, en Bogotá, como su sitio de reclusión.
La descompensación lo llevó a pedir una valoración médica en el Centro, donde cumple la medida de aseguramiento que el Tribunal Superior de Bogotá le impuso. Bonilla, como su defensa, ha argumentado ante la justicia para evitar la prisión que ha tenido varias afectaciones en el pasado.
El INPEC se basó en las condiciones de Bonilla para enviarlo al establecimiento policial. El abogado Mauricio Pava, defensor del exsecretario de Hacienda de Bogotá, le solicitó al Instituto el 18 de diciembre una "protección reforzada de los derechos fundamentales" del docente.
Bonilla permanece en tratamiento por un ataque isquémico cerebral que sufrió meses atrás. Además, presenta afasia motora —un trastorno del habla por una lesión en el cerebro— y está diagnosticado con enfermedad renal crónica, dislipidemia, hiperplasia prostática y reflujo gastroesofágico.
Pava le pidió al INPEC "atención especial" para Bonilla argumentando condiciones médicas "incompatibles" con la "reclusión regular" en una cárcel, la misma fecha en que la magistrada Aura Rosero desestimó la petición de la Fiscalía de una detención domiciliaria y envió a Bonilla y Velasco a prisión.
Al terminar la diligencia del 18 de diciembre, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y uniformados de la Policía Nacional esposaron al exministro Bonilla y lo trasladaron al búnker de la Fiscalía, a pocos metros del Tribunal. Allí pasó su primera noche como detenido.
La captura y el traslado de los exministros Bonilla y Velasco
El exministro Luis Fernando Velasco, por su parte, se presentó voluntariamente ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Cali, donde reside y desde donde intervino, de forma remota, tanto en la imputación de cargos como en la solicitud de medida de aseguramiento.
Los exfuncionarios acudieron a una cita virtual el 19 de diciembre con la magistrada María Leonor Oviedo, quien escuchó el relato de las capturas de parte de la fiscal María Cristina Patiño, el procurador Mario Enrique Gómez, los detenidos y sus defensas. Todos coincidieron en el respeto a las garantías.
"Tan pronto terminó la última sesión, hubo el proceso de hacer efectiva la orden de captura. Ingresé la noche de ayer al búnker de la Fiscalía. Recibí buen trato, tanto en el proceso como en el traslado. Me acompañó el equipo de defensa", narró Ricardo Bonilla.
La Fiscalía tenía 36 horas para legalizar la captura, y lo hizo en menos de veinticuatro. La magistrada constató los informes de las autoridades, las declaraciones de los involucrados, las comunicaciones que tuvieron y el requisito de que efectivamente existieran las órdenes de arresto. Todo fue lícito.
Oviedo libró las boletas de encarcelamiento para los exintegrantes del gobierno de Gustavo Petro en La Picota, el complejo carcelario más importante del país, "o al establecimiento que designe el INPEC". El Instituto determinó que Bonilla se quedara en el Cespo, y Velasco, en la Escuela de Carabineros caleña.
El Tribunal de Bogotá ordenó enviar a prisión a Bonilla y Velasco por su presunto papel en el entramado de corrupción en la UNGRD y el Invías. La Fiscalía inicialmente pidió una detención domiciliaria, pero la magistrada Rosero consideró la gravedad de los delitos y tomó otra decisión.
Los presuntos crímenes en el entramado de la UNGRD y el Invías
La fiscal Patiño les imputó al economista y al abogado concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, por aparentemente ofrecerles dádivas a congresistas a cambio de obtener respaldo para la administración de Petro en el Legislativo.
Según el ente acusador, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 los entonces ministros ordenaron direccionar dineros públicos de la UNGRD y el Invías hacia contratistas que varios congresistas designaban. La "empresa criminal", como la describe la Fiscalía, habría buscado torcer 79 convenios.
El monto de los contratos llegaba a los 612.000 millones de pesos. Solo siete llegaron a adjudicarse. Velasco habría liderado en febrero de 2024 un encuentro en la Casa de Nariño, al que el confeso corrupto Olmedo López, exdirector de la UNGRD, se refiere como "el cónclave".
La fiscal Patiño y la magistrada Rosero también denominan a la reunión así. Allí, con la participación del prófugo Carlos Ramón González —a quien el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo protege en Nicaragua pese a una circular roja de la Interpol—, se habría planeado el esquema delictivo.
María Alejandra Benavides, exasesora del académico de izquierda Bonilla en la cartera de Crédito Público, es una testigo clave. La exfuncionaria firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, y sus declaraciones impulsaron tanto la detención de Velasco y Bonilla como una compulsa de copias para la Corte Suprema.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se han declarado inocentes desde el principio. La Fiscalía cuenta con noventa días para presentar un escrito de acusación si pretende que los exministros sigan en la cárcel. En caso de no radicarlo a tiempo, el excongresista y el exsecretario de Hacienda saldrán libres.
Las defensas de ambos apelaron la decisión, principalmente por ser más gravosa de lo que inicialmente pretendía el ente investigador. Mientras una Sala del Tribunal distinta a la de Rosero resuelve el recurso, tendrán que permanecer tras las rejas. La Corte Suprema luego adelantará el juicio en su contra.