La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a dieciséis funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio, tras unas visitas plagadas de irregularidades en marzo de 2024. La SIC alegaba proteger la libre competencia mientras indagaba por procesos contractuales con Thomas Greg & Sons.
Todo tiene que ver con el lío de la fabricación de los pasaportes. La multinacional ha diseñado ininterrumpidamente las libretas desde 2007, y la administración de Gustavo Petro ha fracasado en su intento de evitarlo. El Gobierno buscaba que no fuese el único oferente para elaborar las libretas, lo que desencadenó varios alborotos jurídicos.
El excanciller Álvaro Leyva, entonces jefe de las relaciones internacionales, declaró desierta la licitación en 2023, y Thomas Greg demandó al Estado. La falta de alternativas para un nuevo modelo llevó a que el Ministerio de Exteriores determinara en dos ocasiones la urgencia manifiesta para extender las tareas de la empresa.
La Superintendencia visitó la Registraduría, la Cancillería y a Thomas Greg hace casi dos años. Luego, en noviembre de 2024, imputó a nueve funcionarios de la autoridad electoral por un supuesto desacato administrativo. La comisión de la SIC pidió información de dispositivos electrónicos y personales que los servidores negaron.
Como la Registraduría es un organismo autónomo estatal y no una empresa privada, una parte de las extralimitaciones que el Ministerio Público investigó era la falta de jurisdicción: la Procuraduría es la entidad encargada de verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica, no la Superintendencia.
En todo caso, la superintendencia nunca definió específicamente su objetivo, sino que en días distintos lo reseñó en “recaudar información relacionada con los procesos de contratación adelantados por la entidad”, lo que “dejó indeterminado y atemporal el motivo de la visita” y se convirtió en una “extralimitación de funciones”.
Y la otra falla era el acceso a “información sensible” que no correspondía al objetivo de la visita y que se obtuvo a partir de coacción. La Procuraduría apuntó sus conclusiones en un fallo de 215 páginas contra Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia, y otras quince personas.
Melo no puede ejercer ningún cargo público por doce meses. El fallo no solo lo aparta de su puesto, sino que lo inhabilita para la función pública. Mario Fernando Franco Vanegas, quien le notificó a la Cancillería y a la Registraduría de la intervención de la SIC, tiene la misma sanción, pero por un monto de nueve meses.
Las sanciones y el alcance de las irregularidades en las inspecciones de la SIC
La Superintendencia aseguraba contar con seis denuncias de procesos contractuales que involucraban a Thomas Greg. Francisco Melo trató de listarlas durante el juicio disciplinario, pero la Procuraduría le reprochó abrir la puerta a “que sus subalternos o coordinados recaudaran cualquier tipo de prueba” de cualquier licitación.
Es decir, los encargados por Melo —Franco Vanegas, dos funcionarias y una docena de contratistas— realizaron las inspecciones sin delimitar sus deberes, sin plantear una cadena de custodia clara y sin omitir presiones para acceder a celulares personales que nada tenían que ver con las investigaciones. Se trata de:
- Martha Liliana Fandiño Vergara, profesional universitaria del Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones.
- Mercy Lorena Agámez Rodríguez, contratista.
- Daniela Alvarado Guzmán, contratista.
- Robert Alexis Núñez Barrios, contratista.
- Daniel Leonardo Muñoz Manrique, contratista.
- José Miguel Moreno Reina, contratista.
- María José Montejo Pino, contratista.
- Diana Carolina Gómez Ortiz, contratista.
- Juan Pablo Martínez Cortés, contratista.
- Yolanda Hernández Alonso, profesional especializada del Grupo de Trabajo de Prácticas Restrictivas.
- Nohemí Rodríguez Pombo, contratista.
- Douglas Fernando moreno Mape, contratista.
- Karen Vanessa Angulo Sogamoso, contratista.
- Jessica Juliana Ortega Velandia, contratista.
“No es de obviar que la información recolectada debe tener relación directa con el asunto investigado”, insiste la Procuraduría en el fallo. “Solicitar, recopilar y extraer datos e información fuera del alcance establecido para el esclarecimiento de unos hechos (...) conllevarían a exceder el propósito de la visita”, añade.
La inspección de la SIC fue tan delicada que comprometió la reserva y confidencialidad del censo electoral, así como de información que le incumbe a “la seguridad nacional, la seguridad pública” y los datos “personales, privados o sensibles que afectan la intimidad de los titulares y sus derechos fundamentales”.
Mientras tanto, Thomas Greg sigue fabricando los pasaportes y encargándose de la logística de las elecciones. Cinco meses después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitiera una demanda de la Procuraduría contra el contrato de Colombia y Portugal para el nuevo modelo, el proceso judicial está estancado.
El tribunal tomó la semana pasada una decisión clave que podría destrabar el caso. El Ministerio Público busca la “nulidad absoluta” del convenio internacional. El Tribunal admitió la demanda el 20 de octubre, lo que debía darle paso a su estudio formal. El Gobierno presentó una reposición que el tribunal resolvió en diciembre. La Cancillería insistió, y el tribunal tuvo que pronunciarse nuevamente el 9 de marzo.
La Procuraduría, en noviembre de 2025, pidió como medida cautelar suspender los giros que el Estado se comprometió a pagarle a Portugal. El problema es que, entre recursos del Ejecutivo, para el tribunal era imposible responder. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Exteriores alegó una cláusula contractual.
El pulso jurídico por el contrato con portugal y la disputa por frenar los pagos
Según la Cancillería, el Tribunal Administrativo no tiene jurisdicción ni competencia para tramitar el litigio porque el punto 25 del convenio colomboportugués determina que todas las controversias deben ir a un tribunal de arbitramento internacional. Y que tampoco hubo una conciliación extrajudicial en el Ministerio Público.
El tribunal, en términos simples, contestó que las reposiciones no son el momento adecuado para proponer una excepción previa, una figura que esencialmente frena las disputas jurídicas por motivos como una falta de competencia. “El despacho se abstendrá de emitir un pronunciamiento de fondo”, zanja un auto de diez páginas.
Frente a la aparente falta de conciliación, el magistrado José Élver Muñoz anotó que la nulidad es “un juicio de legalidad que debe hacer el juez de lo contencioso administrativo”, no una riña que requiera de un tercero para mediar. La Procuraduría actúa en defensa del patrimonio público, no de intereses particulares.
La fase siguiente es decidir sobre la eventual suspensión de las transferencias monetarias a Portugal. En diciembre de 2025, en ocho páginas, el procurador Marcio Melgosa, delegado para la Vigilancia de la Función Pública, añadió la solicitud a la demanda que el tribunal tramita para posiblemente tumbar el convenio.
El Ministerio Público demandó la alianza entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda portuguesa porque el Gobierno no adelantó una licitación pública para seleccionar al país europeo. Ahora pide que, mientras la justicia llega a una decisión de fondo, el Tribunal Administrativo pause los pagos que el Gobierno nacional acordó.
La Cancillería colombiana se comprometió, a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a desembolsar más de 1,3 billones de pesos, en medio de una "deficiente estructuración económica del convenio", aseveró la Procuraduría.
"Siendo así, se justifica la presente medida cautelar en la gravosidad que genera para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones consignadas en el convenio", como los giros prometidos.
La Cancillería declaró en agosto de 2025, por segunda vez desde 2023, la urgencia manifiesta para extender las tareas de Thomas Greg hasta abril de 2026, mientras afina los detalles del convenio con Portugal, que está en jaque en el Tribunal Administrativo.
Sanciones, alertas y remezones en el Gobierno Petro por el caso de los pasaportes
El Ministerio Público, por su parte, sancionó a Álvaro Leyva con diez años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. La Fiscalía espera que, además de las sanciones disciplinarias, el político conservador de 83 años enfrente consecuencias penales. El ente acusador le imputó prevaricato el 9 de diciembre por "proferir varios actos administrativos contrarios a derecho".
El conflicto por la fabricación de los pasaportes les ha costado el cargo a varios miembros del gobierno de Gustavo Petro. La primera en salir fue Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, y actual fórmula vicepresidencial del candidato Roy Barreras.
Zamora se convirtió en una testigo clave contra Leyva en la Procuraduría. El excanciller la trató de forma irrespetuosa porque ella buscaba una conciliación que le evitara al Estado un pago millonario a Thomas Greg por el fin intempestivo de la licitación de los pasaportes.
En agosto de 2025, el Ministerio Público suspendió a Alfredo Saade, quien se desempeñaba como jefe de Despacho Presidencial. Petro lo conservaba en el cargo incluso un mes después de que Laura Sarabia renunciara a la Cancillería.
La Procuraduría revocó la suspensión de Saade en septiembre, pues ya no era un funcionario público. El ente de control sigue investigándolo por aparentes "conductas indebidas" para presionar la firma del convenio con la Casa de la Moneda de Portugal.
Sarabia dimitió del Ministerio de Exteriores en julio, luego de ser la mano derecha del presidente Petro. Ahora es embajadora en Reino Unido. Dejó su puesto en medio de confrontaciones con Saade por la adjudicación del contrato de los pasaportes.
El jefe de Estado presentó en febrero de 2026 el nuevo modelo de las libretas. Se pondrá en marcha desde el primero de abril, cuando termine el contrato con Thomas Greg, y será responsabilidad de la Imprenta Nacional.
Un mes antes la Contraloría le advirtió a la Cancillería de prórrogas y retrasos en el cumplimiento de los términos fijados para implementar el modelo, además de incremento en los costos operativos y la financiación, y demoras en la importación de las máquinas que producirán los pasaportes.