Con una votación de 78 contra 4, la plenaria del Senado de la República negó el informe de objeciones que presentó la Presidencia de la República sobre el proyecto que impide la reducción de los requisitos para acceder a cargos públicos y que se ha denominado como ‘ley de mérito’.
Los senadores no estuvieron de acuerdo con las razones de constitucionalidad y de inconveniencia que presentó el Gobierno, con las cuales pedía el archivo total de esta iniciativa y acogieron los ajustes que hicieron los congresistas que conformaron la subcomisión para estudiar este tema.
El senador Hernán Cadavid, autor del proyecto, aseguró que “el Senado aprobó el informe que rechaza las objeciones del Gobierno a nuestra ley de mérito”.
“Lo hemos demostrado con argumentos y con paciencia y explicando por qué es importante este tipo de normas en Colombia, para que en la administración pública estén los mejores”, sostuvo.
Cadavid afirma que la enorme votación obtenida en la plenaria envía un mensaje político que privilegia el mérito en la función pública, antes que cualquier otra cosa.
¿Cuáles eran las objeciones presidenciales?
El primer reparo del Gobierno está relacionado con la intervención de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en los procesos de selección de los aspirantes a cargos, bajo el argumento de que loa conceptos emitidos por este alto tribunal no son vinculantes.
Además, advierten que también es inconstitucional usurpar las facultades que tiene el Gobierno para hacer nombramientos en el poder Ejecutivo y tomar decisiones sobre la organización administrativa del Estado. También se plantean dudas sobre el régimen disciplinario y las sanciones para conductas tipificadas como “faltas gravísimas”, además de que el proyecto, según el Gobierno, tiene problemas de unidad de materia.
¿Qué viene ahora?
Aún falta que la plenaria de la Cámara de Representantes se pronuncie sobre el informe de objeciones y si las mismas también son negadas en esa corporación, el Congreso devolverá el texto de la ley a la Presidencia de la República.
Si el mandatario insiste en la inconstitucionalidad y la inconveniencia de la propuesta legislativa, la norma será enviada a la Corte Constitucional que tendrá la última palabra.