El 4 de noviembre de 2025, el precandidato presidencial Sergio Fajardo solicitó formalmente a la Superintendencia de Industria y Comercio que se bloqueara temporalmente un video producido desde la campaña del excontralor Felipe Córdoba.
El exalcalde de Medellín argumentó que se usaban su imagen, voz y nombre sin autorización y que la publicación hacía parte de una “campaña sostenida de desinformación” iniciada durante las elecciones de 2022.
Según Fajardo, el contenido habría afectado su reputación, confundido a la ciudadanía y vulnerado sus derechos fundamentales.
Tras revisar el video y el contexto de la cuenta, la Delegatura para la Protección de Datos Personales determinó que la solicitud no cumplía con el ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012, que regula bases de datos personales, y que las cuentas personales en redes sociales no constituyen este tipo de bases. La SIC indicó que exigir a cualquier usuario cumplir con todas las obligaciones de un responsable del tratamiento “sería una situación absurda”.
La entidad también señaló que el contenido podría estar protegido por la libertad de expresión y de información, al tratar temas de debate público y mencionar a figuras con proyección política. En su comunicado, la SIC reiteró que “los debates sobre la veracidad de la información, el impacto reputacional o los límites del discurso político deben resolverse mediante los mecanismos judiciales adecuados”.
Por su parte, Córdoba señaló: “La libertad de expresión prevalece. Los colombianos tienen derecho a conocer la verdad sobre Hidroituango, las pérdidas fiscales y los procesos penales en curso. Y Fajardo no puede apagar ese debate”.
“La Ley de Protección de Datos no es un instrumento para censurar investigaciones, tapar fallos ni proteger la imagen de funcionarios investigados. El debate sobre Hidroituango y sobre los detrimentos millonarios que pagaron los colombianos no puede ser olvidado ni tapado por Fajardo”, añadió.
El intento de Fajardo de retirar el video se produce mientras enfrenta una investigación penal ante la Corte Suprema de Justicia por peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, relacionada con un crédito en dólares sin cobertura cambiaria que habría causado un detrimento estimado en más de 320.000 millones de pesos al departamento de Antioquia. El proceso aún se encuentra en primera instancia.