En medio de los balances que están haciendo algunas entidades del Estado cuando está terminando el Gobierno de Gustavo Petro, la Superintendencia de Economía Solidaria reportó una recuperación de sus finanzas durante los últimos años, luego de revertir las pérdidas operacionales que registró en 2022 y alcanzar en 2025 el mayor nivel de recaudo propio.
De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad al Congreso, la SuperSolidaria pasó de registrar pérdidas operacionales por $11.167 millones en 2022 a obtener un superávit operacional de $12.790 millones en 2025. A marzo de 2026, además, presentó un resultado neto positivo de $42.835 millones.
La superintendente María José Navarro, destacó el resultado financiero. “Recibimos una entidad con pérdidas, deudas y debilidades en su capacidad de recaudo. Hoy entregamos una Superintendencia financieramente sólida, con resultados positivos y mayores capacidades técnicas para cumplir su misión. Esta recuperación no es solamente contable: significa más herramientas para proteger a los asociados y fortalecer la economía solidaria del país”, afirmó.
Durante 2025, la entidad recaudó más de $56.744 millones, cifra que representó el 161% de la meta que había sido establecida para ese año y que constituyó el mayor ingreso propio registrado por la Superintendencia.
En el informe que entregó, se advierte que estos recursos permitieron fortalecer su capacidad institucional y avanzar en procesos relacionados con la modernización tecnológica, la inspección, vigilancia y control, así como en la implementación de mecanismos de supervisión sustentados en la identificación y gestión de riesgos.
La recuperación financiera estuvo acompañada por modificaciones en los mecanismos utilizados para financiar las operaciones de la Superintendencia. En ese proceso, la entidad expidió la Circular Externa 97, con la que actualizó la metodología para determinar las contribuciones que debieron realizar las organizaciones sometidas a su vigilancia.
La entidad indicó que el nuevo esquema estableció criterios más técnicos, equitativos y proporcionales para el cálculo de dichas contribuciones, con el propósito de fortalecer la estructura de ingresos de la entidad.
Otro de los componentes de la estrategia correspondió al saneamiento de cartera. Para ello, se gestionó ante la Central de Inversiones S.A. (CISA) obligaciones por $2.288 millones, como parte de las acciones dirigidas a recuperar recursos públicos pendientes de pago.
La entidad sostuvo que el fortalecimiento de sus finanzas también amplió su capacidad para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las organizaciones del sector solidario.