La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta López, enfrenta un difícil momento en el ámbito político y judicial. La Sala Especial de Decisión fijó oficialmente para el próximo 23 de febrero de 2026, a las 2:30 de la tarde, la audiencia pública de pérdida de investidura en su contra, en el marco del escándalo que se ha denominado como el "Tarimazo".
La revelación la realizó el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, a través de su cuenta de X, donde alertó sobre la gravedad de las pruebas que reposan en el expediente y que, según su análisis, tienen "contra las cuerdas" a la congresista.
La "prueba reina" que complica a Zuleta
El proceso se centra en la participación de la senadora en un acto público realizado el sábado 21 de junio de 2025 en La Alpujarra, Medellín, al cual asistieron los cabecillas de las estructuras armadas del Valle de Aburrá, quienes fueron trasladadas desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí para compartir tarima con el presidente de la República, Gustavo Petro.
Lo que ha puesto en serios aprietos a Zuleta es la existencia de un documento en el expediente: la solicitud de autorización de traslado dirigida al director del INPEC, un oficio que fue gestionado y firmado por la propia Isabel Cristina Zuleta López en su calidad de coordinadora.
En dicho documento, la senadora solicitó que se permitiera la salida de los internos para participar en el acto público junto al presidente, lo que la señalaría como gestora directa de la polémica movilización de los privados de la libertad.
Lo que está en juego
La audiencia del 23 de febrero será determinante para el futuro político de Isabel Zuleta. En ella, la Sala Especial de Decisión evaluará las pruebas y los argumentos de las partes para determinar si la senadora incurrió en causal de pérdida de investidura por su participación en los hechos.
El escándalo, que algunos sectores han denominado como el "Zuletazo", podría costarle la curul a la congresista del Pacto Histórico en caso de que el fallo le sea desfavorable. La decisión final no solo definirá su permanencia en el Congreso, sino que enviará un mensaje sobre los límites del accionar político en eventos que involucran a población privada de la libertad.